El informe de la Contraloría que arrojó que, entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de mayo de 2019, un 44,22% de las denuncias ingresadas a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) no tuvieron asociada alguna gestión, desnudó ayer en el Senado un complejo escenario que vive la entidad.
En la cita, el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, señaló que, al igual que como ocurre en relación al sector de Obras Públicas donde el organismo debe tener una unidad encargada de temas de ese ámbito, “una norma parecida tendría que ser la solución, en el sentido que la Contraloria debería tener una unidad abocada a los temas ambientales”.
El superintendente del Medio Ambiente, Cristóbal de la Maza, indicó que para este año se espera una gestión anual histórica de denuncias. “Desde 2013 a la fecha se recibieron cerca de 16 mil denuncias, y durante 2021 se ha recibido un 50% más que el promedio histórico”, afirmó. Eso sí, advirtió que, no obstante la mejora sustantiva de gestión que han desarrollado en el último tiempo, “existen restricciones de recursos importantes”.
De la Maza planteó que, para un servicio oportuno de denuncias, se requieren 290 personas adicionales, 80% de ellas en regiones. “Hoy existen instrumentos que no cuentan con financiamiento”, lanzó.
Para la senadora Isabel Allende, este tema no es propio de este gobierno sino del funcionamiento como Estado, agregando que parecía un “absurdo” que se llegue a rebajar un 7% el Presupuesto de este año. La parlamentaria instó a la mesa técnica y la comisión que está trabajando la ley marco de cambio climático. Esto, para ver la forma -dentro de esta ley marco- sobre “cómo nosotros podemos mejorar la legislación en función de plazos y roles que tiene que cumplir la Superintendencia para que esto no quede en el vacío”.
De lo contrario, explicó, “estamos generando una nueva institucionalidad, pero nuevamente puede haber una frustración en el sentido que no se cumplan lo que tendrían que ser los planes de adaptación o el que sea”. El senador Alfonso De Urresti, dijo que era “una tomadura de pelo que no estemos reforzando esta Superintendencia”. Así, se acordó solicitar ayuda al Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2), que está apoyando el texto con la mesa técnica de los asesores, para ver si es necesario dar más facultades. Y, además, crear un protocolo de seguimiento a la Contraloría y la SMA -que acompañe a la ley marco- para tener más herramientas.
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