Se terminó el misterio. Este martes, la Superintendencia de Casinos de Juego llevó a cabo en sus dependencias la esperada audiencia de presentación de ofertas técnicas y económicas de parte de los interesados en participar de los concursos relativos a la operación de los casinos de Iquique, Coquimbo, Viña del Mar y Pucón.
¿El resultado? Solo los inmuebles ubicados en las regiones de Coquimbo y La Araucanía recibieron interesados.
Desde el lado de Coquimbo, entregó una única oferta la firma Casino de Juegos de Coquimbo S.A, controlada por el fondo de inversión privado (FIP) “Octium”; y, desde la vereda de Pucón, solo se recibió una postulación de la sociedad Casino Volcán Pucón S.A., ligada a un exejecutivo de Enjoy y (ahora) exgerente de finanzas de Clínica Las Condes.
Los otros dos procesos, en tanto, referidos a los inmuebles de Viña del Mar e Iquique no recibieron interesados en participar.
Un presagio
Dichos procesos, cabe recordar, han dado de qué hablar dentro de la industria durante los últimos meses.
En mayo, concretamente, el exsuperintendente de Casinos de Juegos Francisco Leiva advirtió en entrevista con DF que los cuatro estaban “destinados al fracaso”, producto de una serie de altas exigencias en el concurso.
Entre ellas, ofertas económicas mínimas para participar “excesivamente altas”; la exigencia para invertir en infraestructura turística en las respectivas comunas; y el requisito de mantener el 100% del personal que hoy trabaja en los casinos, sumado a la carga de tener que pagar los costos de indemnización por despido.
Con dichas condiciones, sentenció, “es difícil que haya terceros interesados en postular”. Y se cumplió. Con resultado en mano, Leiva aseveró a DF que “era previsible este fracaso dadas las exigencias de las condiciones que afectaban la libre competencia y hacían poco interesante postular”.
El resultado dado a conocer hoy, desde su perspectiva, “es lamentable, tanto para la industria y en especial para las comunas donde se emplazan estos casinos”. A su juicio, lo ocurrido hoy ilustra que “se perdió una oportunidad de haber realizado un proceso realmente competitivo que hubiese permitido evaluar y hacer competir a mejores ofertas y de ese modo hubiesen ganado las comunas y los usuarios de esos casinos”.
En esta línea, apuntó que resulta crucial “no obviar la responsabilidad que tienen la Superintendencia y su Consejo Resolutivo al definir condiciones que claramente inhibían la competencia y que finalmente llevaron al fracaso de estos procesos”.
Reacciones de las operadoras
Quien también encendió sus alarmas previamente fue la operadora Marina del Sol, controlada por la familia Imschenetzky, cuando en junio presentó una consulta ante el Tribunal de Defensa a la Libre Competencia (TDLC) en la que pidió examinar si estas mismas bases cuestionadas por Leiva contenían riesgos anticompetitivos, puesto que –a su juicio– estas restringirían “la participación de entrantes y confieren ventajas injustificadas a operadores incumbentes”.
Al pasar de las semanas, actores del rubro como Grupo Meier y Dreams se sumaron a la discusión sumando sus aprehensiones sobre los procesos, las que –sin embargo– finalmente no fueron escuchadas por el tribunal, que –tras escuchar argumentos de la Fiscalía Nacional Económica y la Municipalidad de Viña del Mar, por ejemplo– decidió mantener los procesos con normalidad.
En respuesta, MDS aseguró que lo sucedido hoy solo confirmó los riesgos expusieron. En esta línea, aseguraron que tenían "interés y capacidad” para competir en la operación de estas plazas, pero que se vieron "impedidos" de hacerlo por las condiciones expuestas ante el TDLC.
El resultado, agregaron, “demuestra la necesidad urgente de revisar el marco regulatorio y los mecanismos de adjudicación, con el objetivo de restablecer procesos verdaderamente competitivos, asegurar una adecuada recaudación para los municipios y promover inversión efectiva y resguardar el desarrollo sostenible de la industria del juego en Chile”.
Dreams, en tanto –ligada a los hermanos Claudio y Humberto Fischer– también insistió en su convencimiento de que los permisos de operación de los cuatro casinos “imponían condiciones excesivamente gravosas sin justificación”, lo que generó que “luego de un exhaustivo análisis", el directorio de Dreams en su conjunto, decidiera "no presentar ofertas en ninguno de estos procesos, ya que resultaba inviable nuestra participación”.
Corporación Meier, desde su vereda, criticó el tampoco haber sido escuchados por el TDLC al plantear que "determinadas exigencias económicas, técnicas y de inversión podían resultar desproporcionadas frente a las condiciones actuales del mercado".
En esta línea, afirmó que la limitada concurrencia de interesados observada hoy "no debe atribuirse necesariamente a una falta de atractivo del mercado chileno, sino que exige revisar cuidadosamente las condiciones de competencia que se derivan no solo del diseño de las bases, sino que también del actuar de la autoridad sectorial en el curso del proceso".
Además, advirtió que un día antes de la audiencia, la operadora fue notificada de las resoluciones por las que la Superintendencia "decidió no acceder a algunas de sus solicitudes vinculadas con el desarrollo de los procesos licitatorios". Dichas peticiones, consignó, habían sido presentadas más de dos meses antes, lo que motivó el ingreso de un recurso de reposición ante la Superintendencia, solicitando dejar sin efecto lo resuelto y remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República.
Cecilia Valdés, presidenta de la Asociación Chilena de Casinos y Juegos, afirmó que –pese a que como gremio no les correponde pronunciarse por decisiones individuales– el resultado es una “señal preocupante” y “confirma un diagnóstico que venimos planteando hace tiempo: la industria regulada de casinos enfrenta un contexto extremadamente desafiante, donde las condiciones de los procesos, la falta de certeza regulatoria, la competencia desleal del juego ilegal y la ausencia de una conducción sectorial plenamente instalada están afectando el atractivo de nuevos proyectos”.
Los procesos que sí obtuvieron interesados
Los casinos que sí tuvieron suerte (e interesados) fueron los de Pucón y Coquimbo.
Sobre el primero, la Super acusó el recibo de una oferta económica de “Casino Volcán Pucón S.A”, sociedad cuyos firmantes son Andrés Raggio Guerrero, exgerente de Tesorería en Enjoy y (ahora) es gerente de Finanzas en Clínica Las Condes (según se consigna en la Comisión para el Mercado Financiero, este habría dejado su puesto el pasado 7 de agosto); y la sociedad Inversiones Gran Pucón SpA (cuyo representante principal es el mismo Raggio).
Según confirmaron conocedores a DF en mayo, Raggio estaría organizándose junto a otros exejecutivos de Enjoy interesados en volver al negocio.
En el caso de Coquimbo, se trata de un vehículo administrado por la gestora Alza, de nombre “Octium”, quien –según consignó DF en mayo– inscribió la sociedad de giro exclusivo Casino de Juegos de Coquimbo S.A.. ¿Quiénes están detrás? Los socios Álvaro Alliende W. y Fernando Zavala, ambos ingenieros civiles de la Universidad Católica con un MBA y un máster en política pública de la Universidad de Stanford.
Según apuntó Leiva, se trata de dos operadores "que han estado relacionados con esas operaciones de casinos", punto que también destacó Marina del Sol en su declaración, asegurando que "en estos dos casos se trató de un único oferente sin que concurriera un operador nuevo ajeno a la posición previa en la industria".
¿Qué sigue ahora?
La pregunta del millón: ¿Qué pasa ahora? Desde la Superintendencia explicaron a DF que en el caso de Viña del Mar e Iquique, “lo que corresponde es iniciar nuevos procesos de otorgamiento de permisos de operación para ambas comunas a la brevedad, debiéndose definir nuevamente las condiciones especiales para ser incluidas en las respectivas Bases Técnicas”.
Para tales efectos, precisaron, “y de acuerdo con la normativa vigente, el Consejo Resolutivo, previa proposición de la Superintendencia determinará las condiciones especiales para el otorgamiento del permiso de operación, que considerarán, entre otras, una oferta económica mínima garantizada, la construcción o ampliación de la infraestructura turística de la comuna y el porcentaje de las personas que trabajan en el casino de juego las que se les debe ofrecer continuar prestando servicios”.
La propuesta que formule la Superintendencia al Consejo Resolutivo deberá efectuarse previa audiencia con la municipalidad.
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