A solo seis días de que Uber fuese suspendido totalmente en Colombia –luego de que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) obligara a la aplicación a concluir sus funciones en el país cafetero, y tras la amenaza de la plataforma de demandar al Estado por la decisión "arbitraria"- ahora la historia da un giro inesperado.
Este viernes, el medio local La República de Colombia, reveló que tanto el Gobierno como Uber, están en conversaciones para llegar a una solución que beneficie a ambas partes de manera que la App no tenga que abandonar el país.
De esta manera, las amenazas de la compañía de transportes de adelantar un millonario pleito internacional por la decisión del gobierno Colombiano de bloquear su operación el pasado 20 de diciembre, por supuesta "competencia desleal por violación de normas y desviación de clientela al prestar de manera irregular el servicio público individual de transporte", podrían no concretarse.
En un comienzo la noticia causó gran revuelo dentro de los ciudadanos colombianos, ya que la intención de la plataforma de abandonar el país a partir del 1 de febrero, afectaba a casi 2 millones de usuarios y a 88.000 socios conductores registrados en la aplicación. Por lo que el acercamiento de ambas partes significa un respiro tanto para los que están envueltos en la polémica, como para los colombianos.
Ley Uber vive escenario clave
Mientras el país cafetero y la multiplataforma intentan llegar a un acuerdo para impedir que Uber se vaya del país, en Chile la ley que busca regular esta y otras aplicaciones tecnológicas, está en su punto más álgido.
Este lunes la comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado votará si aprueba o no algunas de las regulaciones en tabla, para que pueda ser despachada a Sala. Dentro de la nómina de temas sin resolver, son 18 las indicaciones que están sujetas a modificaciones por parte del gobierno. En este marco, los ojos de la industria estarán puestos principalmente en la definición del tipo de licencia. Donde la ministra Gloria Hutt ha manifestado su preferencia por exigir una certificación de nivel profesional.
Hasta el momento, la comisión de Transportes del Senado ha revisado 87 de las 118 indicaciones del proyecto, de las cuales rechazó 50, aprobó 14, mantiene pendientes 34 y ha declarado a cuatro de ellas como inadmisibles.
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