Más de tres meses han pasado desde que Aguas Andinas inició una arremetida judicial contra Algonquin y Toesca AGF para que entreguen una serie de documentos ante la sospecha de un acuerdo entre ambas entidades para hacer bajar el precio de Essal cuando la canadiense se quedó con la empresa en 2020. Dos meses después, el fondo ingresó a la propiedad de la sanitaria.
La medida prejudicial de la filial de Veolia busca encontrar argumentos para ejecutar una posible demanda. A juicio de la sanitaria, se incumplieron los acuerdos de confidencialidad, ya que aseguran que cuando Aguas Andinas puso en venta su participación en Essal, tanto Algonquin como Toesca participaron del proceso de forma separada, pero esta última presentó una oferta baja, lo que habría repercutido reduciendo el precio. Finalmente, se pagó US$ 90 millones por el 53% que tenía Aguas Andinas en la propiedad de la empresa que opera en las regiones de Los Lagos y Los Ríos.
Este proceso judicial va en paralelo al arbitraje iniciado el año pasado por Eco Acquisitionco (ECO) –la sociedad creada en Chile por Algonquin para gestionar Essal-en el cual reclama una indemnización por más de US$ 70 millones por supuestos incumplimientos en el contrato.
Pero Aguas Andinas no ha tenido el avance esperado. En la causa con Toesca el 6to Juzgado Civil de Santiago determinó la exhibición de documentos como la copia del pacto de accionistas y sus borradores; copia del contrato de compraventa de acciones que permitió que el fondo Toesca Infraestructura II adquiriera el 31,93% de la sanitaria; copia de todo otro contrato o acuerdo entre Algonquin y sus relacionadas y Toesca que tenga que ver con el proceso de venta de Essal, entre otros. No obstante, estos quedaron en custodia del juzgado por lo que la defensa de Aguas Andinas liderada por Raimundo Labarca de Vergara, de Labarca, Parodi Abogados, reclama que los documentos no pueden ser sacados del tribunal, por lo que se debe ir hasta allá para ser analizados.
Donde han encontrado más resistencia para ver los escritos solicitados ha sido en la causa con Algonquin, ya que en este caso se ha dilatado el proceso que se lleva en el 11 Juzgado Civil de Santiago. La defensa de Aguas Andinas acusa que los abogados de la canadiense han retrasado la exhibición de documentos similares a los solicitados a Toesca con medidas dilatorias.
En este sentido, indican que el 16 de enero los abogados de Carey, Cristián Eyzaguirre Court y Francisco Guzmán Anrique, informaron que ellos ya no representaban a los canadienses, pero el mismo día Algonquin le entregó un poder de representación a Aldo Molinari -también abogado de Carey- para que los represente.
Además, acusan que dos días después de haber conferido el nuevo poder de representación Algonquin decidió no comparecer a una audiencia, por lo que el Tribunal sancionó a Algonquin con una multa de dos sueldos vitales a beneficio fiscal por no haber comparecido a la audiencia de exhibición de documentos.
“Llama la atención que una empresa canadiense, que cotiza sus acciones en las Bolsas de Nueva York y Toronto, recurra a este tipo de artilugios para incumplir resoluciones judiciales dictadas por un Tribunal chileno, sobre todo si se considera que pretende seguir haciendo negocios en el país, según da cuenta la información pública disponible”, sostuvo Labarca.
En este último punto se refieren a diversas reuniones de lobby del ejecutivo de la empresa, Connor Donaldson, con autoridades regionales sobre algunos proyectos.
En Algonquin refutan las quejas de la sanitaria, e indican que desde el inicio, Aguas Andinas notificó de esta medida "sabiendo que la persona notificada carecía de representación legal, de manera que seguir adelante con el proceso sin notificar en la forma que la ley determina, constituía una grave vulneración de nuestros derechos y, por lo mismo, se solicitó la nulidad de todo lo obrado".
"En todo caso, Algonquin no tiene inconveniente en aportar los antecedentes que determine el tribunal, y nos sorprende que el foco continúe en la nulidad siendo que si se hubiese reprogramado la audiencia de exhibición siguiendo los procesos acorde a la ley, Aguas Andinas ya tendría hoy la documentación solicitada en su poder. Dado lo anterior, parece evidente que la serie de actuaciones y acciones judiciales de la contraparte son completamente instrumentales para el arbitraje que las partes tienen en otra sede, y que los documentos requeridos no son necesarios, ni guardan relación, con la verdadera disputa existente entre las partes", añadieron.
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