Hasta La Moneda llegó un grupo de 20 pescadores artesanales de la comuna de La Higuera, representantes de un total de seis sindicatos de la zona, para entregar una carta al Presidente Gabriel Boric solicitando "el cumplimiento cabal a la sentencia del Primer Tribunal Ambiental" respecto al proyecto minero-portuario Dominga.
"En nuestra calidad de terceros coadyuvantes en el proceso, en caso de no respetarse la sentencia conforme lo establecido, nos veremos forzados a evaluar acciones legales, que defiendan nuestro derecho de vivir en una comuna que ofrezca mejores condiciones de vida", sostiene el escrito entregado en la oficina de partes de la casa de Gobierno.
Lo anterior, haciendo referencia a la orden establecida por el Tribunal en el fallo, que exige al Comité de Ministros emitir un nuevo pronunciamiento dentro de los próximos 15 días, respetando los aspectos técnicos de la evaluación ambiental, los principios de imparcialidad y confianza legítima, y acatando los lineamientos que entregó el organismo.
El grupo, a favor del proyecto de Andes Iron y, por tanto, de la revocación del rechazo de la decisión del Comité de Ministros, recriminó en la misiva que "el Gobierno nos ofreció un plan de zonas rezagadas de alrededor de $ 580.000 millones y durante los últimos años no hemos visto nada de inversión. Tal como ha sido siempre, promesas incumplidas. Este Gobierno tiene una profunda deuda con nuestra comuna".
La comuna perteneciente a la Región de Coquimbo es una de las que posee la mayor tasa de pobreza en el país, de acuerdo a la última encuesta Casen, lo que genera una fuerte división entre los habitantes respecto al proyecto. Es más, existen importantes roces entre los pueblos que viven del turismo de la flora y fauna icónica de la zona, versus aquellos que están alejados de la costa o que no están en los puntos turísticos.
"En todos los años que nos hemos relacionado con Dominga, la empresa nos ha demostrado su real compromiso con el desarrollo sostenible, que hoy en día no cuenta con las condiciones mínimas, y que nos llena de esperanza respecto de un futuro con nuevas oportunidades", agrega la carta, la que también enfatiza que fueron los mismos sindicatos de pescadores los que denunciaron que la ministra Maisa Rojas y Marcela Hernando "no cumplían con los requisitos exigidos" para votar en enero de 2023 en la instancia ministerial.
El abogado representante de los pescadores, Marcelo Castillo, enfatizó: "Esta sentencia no solo reprocha fuertemente una integración poco proba del Comité, sino que también marca un precedente sobre cómo la falta de ética en la gestión pública puede afectar derechos fundamentales y decisiones técnicas previamente avaladas. En esto, el Comité de Ministros ha dañado sustancialmente la fe pública y ahora tiene una única oportunidad de enmendarlo”.
Los firmantes, que se manifestaron como "profundamente aliviados y esperanzados con la decisión del 1TA", corresponden a agrupaciones de los sectores Caleta Los Hornos, Caleta Chungungo y Totoralillo Norte.
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