Es el "gallito" que se viene y asegurados y compañías lo saben.
Se trata de las liquidaciones de los grandes riesgos, seguros en general corporativos, que involucran montos por más de
US$ 50 millones y que tras los daños causados por el terremoto de febrero de este año provocarán el desembolso en siniestros más costoso que haya enfrentado en su historia la industria se seguros en Chile.
La Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) cifró el número de estas denuncias en 2.832, de las cuales el 99,9% está inspeccionada y sólo un 25,9% liquidada al 31 de octubre. Del total liquidado, un 40,8% ya fue pagado, un 18% está pendiente de pago y en un 41% de los casos se ha considerado por parte de las compañías aseguradoras que no corresponde pago.
Una cifra no menor si se considera que en este grupo se encuentran siniestros que en general superan los US$ 100 millones y entre los que figuran otros por hasta
US$ 500 millones, de acuerdo con estimaciones de agentes de la industria.
Es por ello que si bien hasta ahora los procesos se han llevado a cabo con normalidad según afirman agentes vinculados a liquidadoras y compañías de seguros, los mismos no descartan la aparición de fuertes "réplicas" a partir de enero y febrero de 2011, fecha en la cual se espera comiencen a cerrarse las primeras liquidaciones por estas coberturas, en procesos que deberían finalizar a partir de mayo del próximo año.
Entre, los principales beneficiarios de estos seguros, que en general involucran coberturas por daño material y perjuicios por paralización, están Arauco, CAP, Concha y Toro y Vespucio Norte. En el caso de la celulosa, por ejemplo, a junio de este año la empresa informó a la SVS la tenencia de seguros "para los activos físicos, así como las pérdidas por paralización y/o mayores gastos en la producción de celulosa, paneles, energía y madera aserrada, en máximo de indemnización de US$ 650 millones por evento. Los deducibles por concepto de daños por terremoto en relación a bienes físicos ascienden a la suma de US$ 3 millones y, respecto a las pérdidas por paralización, ascienden a 21 días".
CAP, en tanto, informó al regulador la existencia de pólizas de seguros que cubrirían "adecuadamente" los siniestros por terremoto. "Al cierre de junio se registran MUS$ 109.629 como otros ingresos recuperables con el seguro y MUS$ (123.760) como otros egresos por los daños ocasionados por el sismo", indica la compañía.
En menor magnitud, Vespucio Norte indica en su analisis razonado a junio, la recepción de anticipos de indemnización por UF 200.000 (US$ 7,9 millones) en mayo de 2010 por pérdida de ingresos, y de UF 110.000 (US$ 4,2 millones) en junio de 2010 por daños a la infraestructura.
Agentes y presiones
La presión de diversos agentes sobre las liquidaciones no ha sido menor durante todo este año. A la urgencia impuesta por el regulador en materia de siniestros de vivienda, se sumaron otros interesados.
Los reaseguradores fueron los primeros en hacer escala permanente en Chile desde el estallido, tan catastrófico para las liquidadoras locales como el terremoto, de las denuncias de siniestros post 27 de febrero. No se han ido y no se irán hasta que acabe el proceso, dicen el mercado. Después de todo en sus espaldas está más del 90% de los costos por siniestros que pagará la industria local en el total de casos de daños por el terremoto, y que se ha estimado en unos US$ 8.000 millones. De estos, casi
US$ 2.000 millonesya han sido pagados en casos distintos de viviendas, de los cuales
US$ 1.038 millones corresponden a los primeros pagos de seguros de grandes riesgos, la mayor parte a través de anticipos.
Sin embargo, si bien se reconoce que la presencia de reaseguradores ha generado cierta presión por el rol de control que ejercen sobre los procesos, también admiten que han servido de apoyo a las investigaciones y transparencia en los casos.
Percepción que no se aplica a otros agentes que han hecho su entrada por primera vez al mercado chileno, con propuestas que elevan las expectativas de cobros de seguros y que no guardan relación con la realidad de los contratos en Chile y las regulaciones que los rigen, según explican en la industria.
Se trata de los llamados "ajustadores públicos", una figura traída desde el extranjero y hasta ahora inexistente en el país, que ofrece asesoría especializada para el cobro de seguros, prometiendo a los asegurados obtener el máximo de cobertura de las pólizas contratadas. Una intervención que, de acuerdo con liquidadores, se ha convertido en "una piedra en el zapato" en los procesos de liquidaciones, al retardar los acuerdos sobre todo con comunidades de edificios, entidades que han sido receptivas a la oferta de estos consultores externos, aseguran agentes de este segmento.
Entre empresas, en tanto, sólo algunas han contratado asesores y especialistas externos. Liquidadores y aseguradoras hasta ahora descartan conflictos.
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