El Gobierno anunció esta semana que ingresaría indicaciones a dos proyectos de ley orientados a reducir los plazos de tramitación de iniciativas de inversión: se trata de modificaciones a las normas de Patrimonios Culturales y de Administración de Borde Costero y Concesiones Marítimas.
Dentro de este segundo proyecto, uno de los elementos centrales es que la tramitación de estas concesiones migre desde la Subsecretaría de Fuerzas Armadas al Ministerio de Bienes Nacionales (BBNN). Ad portas del ingreso de las indicaciones, la titular de esta cartera, Marcela Sandoval, conversó con Diario Financiero para explicar los detalles de la propuesta y cómo se busca que esta agilice los procesos administrativos.
“Creo que hay un consenso político transversal de que queremos que los permisos avancen. Cumpliendo la normativa, respetando los territorios, pero lo que queremos es que efectivamente el desarrollo regional no sea agravado por la permisología”, señaló Sandoval.
Tras un control de admisibilidad preliminar, que se espera que no tarde más de 20 días, BBNN reuniría los informes técnicos de todas las autoridades competentes.
La cartera se “estaba preparando para modernizar sus procesos y obviamente este desafío nos viene muy en sintonía”, agregó.
Informe consolidado
Más allá de un mero traspaso entre carteras, la propuesta apunta a simplificar los trámites. La ministra adelantó que un primer paso al ingresar un proyecto sería un control de admisibilidad, en el cual se espera que, en un plazo no mayor a 20 días, se le diga al solicitante si es que cuenta con los requisitos mínimos.
Luego se abriría un proceso en el cual todas las autoridades competentes, en paralelo, realizarían los informes técnicos acerca del proyecto. Por ejemplo, en el caso de una concesión acuícola, se podría tratar de instituciones sectoriales como Subpesca.
La diferencia es que ahora todos esos informes técnicos tendrían que remitirse a BBNN, que tendrá la misión de fundirlos en un solo informe consolidado. Con este documento, “se puede tomar la decisión final. Antes era una serie de pasos, que iban de un Ministerio a otro”, resaltó Sandoval.
La ministra, eso sí, aclaró que algunos casos que implican permisos especiales -como una consulta indígena o una autorización ambiental- todavía tendrían que ser revisados por las autoridades pertinentes, como por ejemplo el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) en el segundo caso.
Sandoval también señaló que se espera que exista la posibilidad de entregar permisos de “ocupación provisoria”, para hacer estudios de factibilidad o de suelo mientras se espera el permiso definitivo, como ya se ha hecho con algunas concesiones onerosas en BBNN.
Con el proyecto de ley, además, las autoridades se comprometerían a solicitar informes a las compañías una sola vez y se reforzaría el correcto uso de los silencios administrativos, es decir, en qué casos se entienden como positivos y en cuáles, como negativos. Para los permisos que ya se están tramitando actualmente, explicó que habrá una fase de transición, en la cual no se someterían a revisión aquellos que estén en etapas finales del trámite, mientras otros alcanzarían a gestionarse bajo las nuevas condiciones.
Expertise del Ministerio
La idea es que ahora la tramitación de los proyectos de inversión se centralice en BBNN. Según relató la ministra, la institución ya venía preparándose para recibir este nuevo flujo de solicitudes, con una revisión interna de todos los procedimientos que ya tramitaba.
“En 2025 vamos a poder mostrar resultados, porque vamos a disminuir los tiempos de respuesta y los plazos de tramitación”, sostuvo. El Ministerio cuenta con una división que revisa las concesiones de grandes proyectos en el país y Sandoval afirmó que, en promedio, esas tramitaciones estaban demorando un año y medio. El próximo año, proyectó, ya podrán dar cuenta de una reducción respecto a ese plazo.
El plan es homologar esa especialización a las concesiones marítimas, que pasarían en su totalidad a BBNN: esto incluye desde puertos, embarcaderos y establecimientos comerciales en el borde costero, hasta los centros acuícolas.
Según los últimos informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP), estas concesiones destacaban como los trámites más engorrosos, con tiempos de espera promedio cercanos a los cinco años. “Lo que más demora hoy son las concesiones mayores (como la instalación de un puerto), que son comparables a una concesión onerosa de Bienes Nacionales, como proyectos de minería o energías limpias, que son los más grandes”, planteó Sandoval.
La ministra subrayó que la idea es que este problema no quedara “al criterio de cualquier voluntad política, sino que más bien fuera un cambio institucional”, y como BBNN históricamente se ha dedicado a gestionar esto permisos y cuenta con las competencias y la especialización territorial, fue la cartera escogida: “Somos un Ministerio que se estaba preparando para modernizar sus procesos y obviamente este desafío nos viene muy en sintonía”. Las indicaciones contemplan la creación de una división de Concesiones Marítimas en BBNN, que contará con recursos y una dotación tentativa que serán acompañados en un informe financiero, para lidiar con la nueva carga de trabajo.
La Subsecretaría de FFAA, en tanto, a través de Directemar, se mantendrá con el rol de fiscalización del borde costero y a cargo de la labor de policía marítima.
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