Las indicaciones al proyecto que modifica el Consejo de Monumentos Nacionales se presentarán en la comisión de Cultura del Senado, donde el texto cumple segundo trámite.
La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, explicó que las enmiendas proponen procedimientos claros para la protección, conservación e intervención de los patrimonios, que considera no solo lo material, sino también lo inmaterial y el patrimonio indígena.
Además, el proyecto busca agilizar y dinamizar los procesos de tramitación y evaluación. Habrá permisos que se entregarán de manera más eficiente y el Estado tomará un nuevo rol de fiscalización para que los compromisos de protección se cumplan, pudiendo sancionar en caso que corresponda.
Se amplía la protección y reconocimiento de lo inmaterial y de los patrimonios de pueblos originarios y del pueblo tribal afrodescendiente chileno.
Señalaron que la propuesta “buscará hacerse cargo del debate en torno a los patrimonios arqueológicos a través del establecimiento de rangos epocales y procesos de valorización”.
Asimismo, se transformará el Consejo de Monumentos Nacionales en un nuevo Consejo de los Patrimonios Culturales. Este cambio lleva a todas las regiones funciones que antes estaban concentradas en un solo organismo central, de manera de agilizar la aprobación de autorizaciones y fortalecer el trabajo en cada territorio.
La normativa que modifica la Ley de los Patrimonios Culturales busca no sólo mejorar las herramientas para la protección eficiente de los patrimonios, sino que también introduce nuevas medidas para la fiscalización y la aplicación de sanciones y, se destaca que “por primera vez, la legislación integrará la participación, por ejemplo, de los pueblos originarios con una mirada de respeto y desarrollo integral”.
La ministra señaló que se desconcentran atribuciones fortaleciendo las divisiones regionales del servicio de los patrimonios “entregando certezas respecto de plazos y también definiciones sobre todo en cuanto a hallazgos arqueológicos que sabemos son uno de los nudos críticos que se han identificado para la elaboración de este proyecto”.
Lo anterior, según dijo, “sobre todo entendiendo que nuestro actual marco normativo solamente hace referencia a lo monumental, por lo tanto, material” y que en los procesos de consulta para elaborar las indicaciones “nos dejaron muchas reflexiones respecto de los procesos de acuerdo con los pueblos originarios y pueblo trivial afrodescendiente chileno, y por eso, también se amplían las nociones de las declaratorias modernizando aquello que entendemos por patrimonio cultural, material e inmaterial”.
Enfatizó que “si bien se mantiene un Consejo de Patrimonio Cultural, todo lo que tiene que ver con autorización, intervención y hallazgos queda anclado a una competencia técnica dentro de nuestras direcciones regionales y con plazos ciertos”.
A juicio del Gobierno, las indicaciones buscan establecer las bases para “una nueva y mejor relación entre la protección patrimonial y el desarrollo de nuestro país”.
Traspaso de concesiones marítimas a Bienes Nacionales busca acelerar tramitación de solicitudes
Uno de los principales objetivos que busca el Gobierno con el traspaso de la tramitación de las concesiones marítimas a Bienes Nacionales es hacer sostenible y eficiente la administración pública de la costa del país, para así acelerar los plazos de estas solicitudes.
De acuerdo con los informes de 2018 y 2023 de la Comisión Nacional de Productividad (CNP), la tramitación de una concesión marítima tiene un tiempo promedio de 45 meses, o sea casi cuatro años.
Desde el Ministerio de Bienes Nacionales explicaron que esto se debe a un diseño deficiente del proceso y problemas de gestión administrativa; pese a los esfuerzos desarrollados por la Subsecretaría de Fuerzas Armadas para disminuir éstos. Sumado a los largos tiempos de tramitación, la cartera detalló que el actual proyecto de ley tiende a la privatización de la administración de los bienes nacionales de uso público y fiscales de la zona costera, diluyendo el rol estratégico del Estado.
Estos antecedentes llevaron a las autoridades a llegar a un consenso: la necesidad de reformular institucionalmente la administración de los bienes nacionales de la zona costera. Así nacen las indicaciones que se presentarán esta semana, cuyo objetivo es agilizar la tramitación de concesiones marítimas, adecuando las normas que hacen efectivo el traspaso de la tramitación a Bienes Nacionales. Además, desde el Gobierno buscan mantener el dominio público de las zonas costeras bajo la Administración del Estado, declarando expresamente su inalienabilidad.
La tramitación de las concesiones acuícolas también pasará al dominio de Bienes Nacionales, mientras que la fiscalización del borde costero quedará en manos de la cartera de Defensa Nacional a través de la Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante.
Cabe precisar que, según lo declarado por Bienes Nacionales, actualmente los plazos para tramitar permisos y autorizaciones duran cuatro años en promedio en el sector público, pero en el caso de la cartera éste se reduce a 18 meses.
Consultado al respecto, SalmonChile declaró que “el solo hecho de traspasar la responsabilidad de un ministerio a otro, sin incorporar los recursos necesarios, no asegura necesariamente que se agilicen esos trámites”.
Otras medidas
Durante el año 2023 el Ministerio de Defensa Nacional comenzó a realizar cambios centrados en fortalecer y mejorar el proceso de concesiones, como la modificación del flujo de trabajo, mejorar la coordinación con otros servicios y la reasignación de las tareas del ministerio. La entidad, además, consolidó el trabajo a través de una serie de convenios con distintos ministerios -como el de Hacienda, Economía y Energía-, acuerdos que posibilitaron fortalecer y modernizar los equipos de análisis, sumado a la disminución del stock de solicitudes acumuladas.
Como resultado, entre enero-junio de 2024 la cartera alcanzó a tramitar 847 concesiones marítimas, cifra que sobrepasa con creces el promedio anual del periodo 2018-2021 (566,75), lo tramitado en todo 2022 (339); y se acerca a las 873 concesiones otorgadas en 2023. En tanto, las concesiones acuícolas alcanzaron las 331 solicitudes tramitadas en el primer semestre de 2024, lo que se compara con las 432 concedidas en el año 2023, las 439 del 2022 y las 329 que corresponden al promedio anual del periodo 2018-2021.
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