Ello quedó en evidencia en el marco de una sesión donde la gerencia de Estudios del CFA, a solicitud del Consejo, presentara su análisis sobre la ejecución presupuestaria a mayo de 2026 publicada por la Dirección de Presupuestos (Dipres).
Al respecto, el Consejo formuló comentarios y reflexiones respecto de los principales contenidos de dicha exposición, observando señales de riesgo, sobre todo, en materia de ingresos fiscales.
Luego, el economista Hermann González -uno de los cinco integrantes de la instancia- “manifestó su disconformidad con la forma en que el Consejo comunicó su postura y los énfasis que puso en el debate respecto de las proyecciones de deuda pública realizadas por la administración anterior”.
A su juicio, “el problema detectado es de la mayor importancia y no se debe minimizar”; y en particular, resaltó que, una diferencia acumulada de déficits como la observada entre el Informe de Finanzas Públicas (IFP) del tercer y cuarto trimestre, con todo lo demás constante, “implica un aumento del stock de deuda equivalente”.
A su vez, hizo notar que el IFP del cuarto trimestre del año pasado “presentó una proyección que incorporó supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados, los que, además, correspondería a una siguiente administración aplicar”.
Y estableció que, tal como indica el CFA en su informe del 22 de junio, “la falta de explicitación de dichos supuestos dificulta la evaluación posterior de las proyecciones, especialmente cuando son de gran magnitud y/o podrían incidir en el cumplimiento del límite de endeudamiento”.
Explicó que “este es precisamente el caso, por cuanto los mayores déficits reconocidos en el IFP4T25 podrían haber repercutido en un reconocimiento por parte de la administración anterior de que, además de incumplir la meta de balance estructural por tres años consecutivos, en las proyecciones de mediano plazo también se sobrepasaba el segundo pilar de la regla fiscal que es el nivel prudente de deuda de 45% del PIB”.
“El problema detectado es de la mayor importancia y no se debe minimizar”, sostuvo el consejero Hermann González.
La otra cara
Las actas revelaron que a continuación de los dichos de González, el resto de los consejeros, que son Paula Benavides (presidenta), Sebastián Izquierdo (vicepresidente), Marcela Guzmán y Joaquín Vial “expresaron su disenso respecto de la opinión”.
El texto señala que afirmaron que, “en ningún caso, se ha restado importancia o minimizado los desafíos que existen en relación a las proyecciones de la deuda”.
Por el contrario, dichos consejeros argumentaron que el CFA enfatizó la diferencia entre la consistencia aritmética y los problemas de transparencia en las proyecciones de deuda, indicando que estos últimos son una preocupación de larga data del Consejo y que, por ello, se recomendó mejorar la trazabilidad, publicidad y replicabilidad de las proyecciones de deuda, así como regular una metodología similar a la que existe para el balance estructural.
Respecto del punto mencionado por González sobre un aumento del stock de deuda equivalente, el documento constató que “fue incorporado en el informe según la solicitud del propio González y también del consejero Izquierdo. Ahora bien, en el texto del informe -acordado por unanimidad- dicho argumento fue considerado un antecedente complementario”.
Lo anterior, se explicó, “dado que del análisis técnico se desprendía que otras variables relevantes no se mantenían constantes, sino que habían cambiado, manteniéndose, incluso algunos de esos cambios en ese informe de finanzas públicas del primer trimestre del 2026”.
Ante ello, el Consejo estimó que no era posible omitir dichos factores del análisis.
Respecto del comentario de González de que se podría haber superado el nivel prudente de 45% de la deuda, se señala que “se hace presente que dicho juicio de valor, no forma parte de los análisis realizados por el Consejo Fiscal Autónomo respecto del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, incluidos en el informe aprobado por unanimidad, ni fue planteado por el consejero aludido durante el proceso de elaboración del mismo”.
Por ello, afirmaron que “no es algo que pudiera haberse mencionado en el proceso de comunicación de los contenidos del informe”.
Todo dicho análisis es, dijeron, “sin perjuicio de las alertas que el Consejo viene formulando al menos desde el año 2022 sobre los riesgos en las proyecciones de ingresos y presiones de gasto de mediano plazo, la elevada probabilidad de sobrepasar el nivel prudente de deuda en el horizonte de la programación financiera, derivada en forma consistente de las estimaciones propias del CFA, la opacidad de las transacciones bajo la línea; y los riesgos derivados del aumento de la deuda”.
Finalmente, los cuatro consejeros indicaron que el Consejo tiene como política institucional otorgar sus análisis a través de sus informes “que han sido aprobados por unanimidad, y en ese marco, se elaboró el informe semestral citado, acompañando sus contenidos con el respectivo comunicado de prensa y el otorgamiento de entrevistas para profundizar los mensajes estratégicos definidos por el Consejo. Dichos documentos fueron trabajados en línea, siguiendo los procedimientos y plazos habituales de revisión”.
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Rodolfo Carrasco
