En 1998, el empresario Horst Paulmann, controlador y presidente del grupo Cencosud, adquirió unos terrenos en el municipio de Godoy Cruz en la Provincia de Mendoza, Argentina. Son más de 50 mil metros cuadrados en los que la idea era levantar un centro comercial.
Sin embargo, hoy Paulmann enfrenta un complejo escenario que podría truncar el desarrollo de cualquier proyecto comercial en los terrenos, uno de los cuales está ubicado en la principal avenida de la ciudad.
Los inmuebles fueron parte de la Bodega Arizu, una de las compañías más tradicionales de la industria vitivinícola de Mendoza a principios del 1900. En los terrenos hay una serie de bodegas y edificios construidos a fines del siglo XIX por Balbino Arizu.
Tras el cese de la explotación comercial e industrial de los inmuebles, sus propietarios los vendieron a Paulmann en 1998. Un año después, fueron declarados Monumento Histórico Nacional. El Decreto contemplaba la readaptación de las edificaciones para usos distintos de los originales, siempre que estos no alteren irreversiblemente las características del bien.
No obstante, una reciente ordenanza municipal de Godoy Cruz declaró de interés municipal la expropiación de los inmuebles ubicados en las calles San Martín 1515, Manuel Belgrano 1285 y Presidente Alvear 130.
Pero no es todo. El 30 de octubre recién pasado, un grupo de senadores de la provincia de Mendoza presentó un proyecto de Ley con la intención de declarar los inmuebles de utilidad pública y que sean sujetos a expropiación.
Entre los fundamentos presentados en el proyecto, se señala que desde que la bodega Arizu cerró, el municipio ha promovido iniciativas para evitar el abandono y deterioro de los edificios, presentando distintos proyectos a sus propietarios; los que –se afirma- nunca prosperaron por distintos motivos. "En mayo del 2010, con el impulso municipal, se hizo un preacuerdo entre Cencosud y la Comisión de Museo y Patrimonio Histórico Nacional para hacer un Museo del Vino en la parte central del inmueble, entre otras tantas propuestas generadas, motivadas y propulsadas por la municipalidad; las cuales, a pesar del compromiso y empeño puesto de manifiesto por el municipio, no se han concretado hasta la fecha; provocando así el progresivo y rápido deterioro de las instalaciones", dice el proyecto de Ley. Se añade que la declaración de utilidad pública y expropiación "es la herramienta legal idónea para evitar la continuidad y agravamiento de dichas consecuencias disvaliosas y para conseguir que dichos inmuebles tengan un rol social que permita un uso respetuoso de su pasado y con proyección de futuro en beneficio de la comunidad".
La idea de los congresistas es que los inmuebles sean utilizados para un museo del vino, y para uso habitacional, turístico, entre otras actividades.
Consultada la empresa, señaló que no han sido notificados de ninguna acción y que en su momento analizarán los caminos a seguir.
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