Mejor un mal acuerdo que un buen juicio. La disputa entre los principales socios del holding Importadora Café Do Brasil (ICB), los hermanos Signorio Larzabal, está llegando a su fin.
ICB es una de las compañías de alimentos más grandes de Chile. Su buque insigne es Marco Polo (la tradicional marca de papas fritas y snacks), pero además importa productos como Cola Cao, Kellogg’s, Pringles y Ferrero Rocher, entre varios otros. Hoy, ICB factura del orden de US$ 300 millones al año.
En orden puertas afuera, pero al interior, uno de los socios llegó a pedir la disolución de la sociedad.
Todo partió en 2009, cuando murió el controlador del grupo, Víctor Signorio Ferreti, quedando sus hijas Donatella y Chantal con alrededor de un 20% de la firma y su hermano Mario Signorio Larzabal con el 40%. Hay una parte repartida entre pequeños accionistas.
A principios de 2017, Chantal Signorio y su marido Arturo Majlis, socio de Grasty, Quintana y Majlis & Cía, pidieron la disolución de la sociedad. La acción contó con el respaldo de Michael Grasty y Alejandro Quintana, socios del estudio y de la firma de alimentos. Según señalaron a la justicia, “han ocurrido una serie de hechos que son constitutivos de infracciones graves de la ley y de administración fraudulenta, entre otros hechos de igual magnitud”.
Fin a disputa familiar
No obstante, y tras casi un año, la demanda que solicitaba la disolución de la sociedad fue archivada. Según explica un abogado vinculado al caso, que pide reserva, los hermanos llegaron a un acuerdo con el que se busca dar por concluida la disputa familiar.
Según trascendió, Mario Signorio compraría una participación accionaria de su hermana Chantal, con lo cual elevaría su participación en la compañía. Todo se mantiene bajo absoluta reserva pues hasta ahora no se han firmado los contratos correspondientes.
La disputa familiar incluso llegó a la justicia criminal, lo cual también se espera se cierre tras el acuerdo entre las partes.
En 2016, Arturo Majlis presentó una querella por apropiación indebida, la que luego se amplió al delito de estafa contra Mario Signorio.
En la primer acción, el abogado acusó a su cuñado de cargar a ICB más de US$ 3,5 millones para pagar un viaje familiar a Hawai. En la segunda, Maljis y su esposa acusaron haber recibido una cantidad menor que el resto de sus hermanos por concepto de dividendos sobre la base de información supuestamente falsa.
El abogado de Mario Signorio, Jorge Bofil, dijo en un escrito presentado a la justicia que las opiniones de Majlis (con quien fue socio por casi 20 años en el estudio Grasty, Quintana & Majlis, hasta 2007) carecen de imparcialidad y que “están provistas de animadversión y enemistad contra su propio cuñado”.
Majlis presentó además una querella criminal por el delito de prevaricación en contra de Pablo Guerrero Valenzuela, socio de Barros & Errázuriz, por facturar gastos de asesoría personal a Mario Signorio.
El abogado de Guerrero, Carlos Cortés Guzmán, dijo a la justicia que “durante mucho tiempo” Majlis fue el asesor legal de ICB y del resto de las sociedades familiares.
Añadió que en 2010, Mario Signorio terminó la relación “como consecuencia de desaveniencias personales”, y decidió contratar a Barros & Errázuriz, a quienes - dijo- les encargó efectuar gestiones para obtener la restitución a ICB de más de $1.500 millones adeudados por una sociedad de Majlis y su esposa, y obtener la restitución de un inmueble.
En diciembre pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo de Guerrero.
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