El 14 de enero de 2015 se promulgó la ley de libre elección en los servicios de televisión por cable, internet y telefonía fija, que prohíbe a los edificios o condominios recién construidos firmar un contrato de exclusividad con alguna empresa.
Pero, para que la Ley se vuelva operativa, la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) tenía cuatro meses para dictar un reglamento junto al Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu). Tras 28 meses, el documento aún no es publicado y han surgido dudas de que se vaya a concretar en el corto plazo.
“Se está trabajando a efectos de la toma de razón de dicho documento por parte de Contraloría. Si bien su implementación (de la ley) se centra en un reglamento, además requiere de otros cambios normativos que hacen que este proceso pueda tardar un poco más”, explicaron en Subtel.
En el organismo destacaron el trabajo que realizan con Vivienda, señalando que “ambos ministerios han trabajado arduamente para sacar adelante un estándar de construcción que permita ejercer efectivamente la libre elección de servicios de telecomunicaciones y viabilizar de forma eficaz esta opción en edificios existentes, de acuerdo al espíritu de la Ley”.
Fue en julio de 2013 cuando un grupo transversal de diputados presentaron la idea y hoy cuestionan el retraso del Ejecutivo.
“Me parece muy preocupante. Las leyes son para que se ejecuten (...) he oficiando para que se informe cuándo se dictará el reglamento y aún no he recibido una respuesta. Se está limitando la libre elección de las personas”, dijo el diputado (DC) Patricio Vallespín.
Acuerdos inválidos
A comienzos de mes, el titular de la Subtel, Rodrigo Ramírez, tuvo que responder una solicitud de información sobre la vigencia de un registro público de los proyectos inmobiliarios que exige la denominada ley de ductos.
Explicó que el registro deberá ser regulado por el reglamento que aún está pendiente -que fijará mínimos técnicos a las constructoras para garantizar esto-, el que fue reingresado a Contraloría tras una serie de observaciones.
“Sin embargo, su entrada en vigor no obsta a que el derecho exista, por lo que sin perjuicio que la obligatoriedad de registrar los proyectos inmobiliarios aplicará en los términos que establezca el reglamento referido (...) la ley consagra el derecho de libre elección desde su publicación en el Diario Oficial”, concluyó.
Así -dijo- “los acuerdos de exclusividad que pudieren existir entre la inmobiliaria y la compañías de telecomunicaciones, (son) totalmente inválidos” desde que se promulgó la ley.
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