De nuevo Américo Vespucio Oriente (AVO) es objeto de críticas. Esta vez por el aumento de la inversión del proyecto en US$ 114 millones, cifra que representa un 13% más de lo contemplado originalmente, totalizando así unos US$ 975 millones. Dicho incremento fue comunicado a sólo un mes de que los consorcios precalificados presenten las ofertas para la primera parte de la licitación, la que involucra el tramo norte de la autopista.
Así, el coordinador de Concesiones, Carlos Plass, explicó a DF que la circular aclaratoria número 2 de las bases de licitación del proyecto (donde se informa el mayor precio) incorpora una serie de obras de paisajismo y urbanismo, así como de conectividad adicionales que fueron impulsadas por la mesa de trabajo que formaron con ingenieros en transporte y urbanistas. “Es importante saber que el resultado de este gran trabajo de “optimización” no requirió de mayores subsidios fiscales”, aclaró.
Asimismo, Plass dijo que es común en proyectos de esta envergadura que se produzcan optimizaciones y se aborden aspectos específicos que surgen en la medida que avanza. “Por la misma razón, hemos extendido el plazo de presentación de ofertas hasta el 30 de diciembre”, precisó.
Críticas
Una lectura muy distinta realizó Eduardo Bitrán, asesor de la candidata presidencial de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, pues calificó esta alza como “improvisación”. “Debido a la premura del MOP en licitar y adjudicar el proyecto antes de que termine el gobierno, se han sustituido los estudios por improvisación, lo cual lleva a que ocurran estos cambios de última hora, cuando queda un poco más de un mes para que se realicen la entrega de las ofertas. Esto es desconcertante para las empresas que están contra el tiempo, no será la única sorpresa y, por lo tanto, las participantes deberán protegerse haciendo ofertas más caras que las que harían con buenos estudios y si tuvieran resuelto el tramo Grecia-Príncipe de Gales”, aseguró a DF.
“Con esta y otras improvisaciones se está dañando la institucionalidad de contratación de proyectos de infraestructura y generando costos fiscales y sociales adicionales”, sentenció.
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