La Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) continuará de manos atadas para cobrar la boleta de garantía de WOM, equivalente a US$ 50 millones.
Antes del término de 2023, el 1º Juzgado Civil de Santiago rechazó la petición de nulidad que interpuso el Consejo de Defensa del Estado (CDE) con el objetivo de levantar la medida cautelar que impide al Gobierno cobrar la multa por incumplimiento en el despliegue de la red 5G. “Se rechaza el recurso de reposición”, se desprende de la resolución.
El Estado alegó que la medida cautelar otorgada a WOM en diciembre es “improcedente”, porque se acogió sin que la autoridad administrativa pudiera exponer sus argumentos.
En paralelo, 11 días después del congelamiento otorgado por el tribunal, WOM y el Estado iniciaron un proceso de negociación ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
Esto implica que durante seis meses, un equipo de la Cancillería, liderado por la coordinadora de la Unidad de Defensa en Controversias de Cancillería, Johanna Klein Kranenberg , estará negociando con WOM, Subtel, Bienes Nacionales, Conaf, Fuerzas Armadas, entre otras entidades para tratar de lograr una salida “amistosa” del conflicto.
En caso de que no se resuelva, el Estado y WOM entrarán a un proceso internacional, siendo la primera vez que esa Subsecretaría lidie en un conflicto con un inversionista extranjero. Además, sería un nuevo frente activo para Chile ante el Ciadi, donde todavía continúa el procedimiento con Nuevo Pudahuel.
El factor antenas
El conflicto con la autoridad explotó en octubre, cuando venció el plazo de WOM para cumplir con el despliegue de 5G, en el cual se comprometió a instalar 5 mil antenas, desde Arica a Punta Arenas, incluída la Isla de Pascua. Antes de esa fecha, la operadora presentó una serie de prórrogas bajo la cláusula de fuerza mayor que -según expresó en esa oportunidad-, le impidieron entregar el 100% del proyecto.
En este escenario, el principal nudo entre la autoridad y la empresa es determinar la cifra de antenas comprometidas que están bajo esta atenuante. Como una referencia del volumen de torres ligadas al incumplimiento, el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, envió hace unas semanas al Senado un oficio que detalla que WOM a noviembre construyó 4.008 antenas y 3.541 fueron aprobadas por la Subtel entre las bandas 700 Mhz, AWS y 3,5 GHz.
Fianza vs. multa
Otra discusión que mantiene encendido el conficto es el tema económico, porque la Subtel busca cobrar el valor íntegro de las tres boletas de garantía de WOM y que vencen en febrero, documentos equivalentes a unos US$ 50 millones.
En este marco, la operadora ofreció al tribunal pagar una fianza de $ 500 millones para poder subsanar los efectos de la falta de antenas mientras se resuelve el litigio, cifra que calificó de “suficiente”.
“Es una caución que corresponde a un monto líquido y de rápida disponibilidad para el caso de así requerirlo vuestro tribunal, constituyendo una garantía o caución sumamente eficaz para el fin perseguido por el legislador con el establecimiento del requisito de caución suficiente”, señaló la operadora.
No obstante, el CDE contestó que bajo ningún parámetro esa cifra podría cubrir los daños percibidos, que calificó de “invaluables”. “Estos perjuicios inevitables no podrán ser cubiertos en caso alguno con esta fianza que representa solo un 1,2% del valor de las garantías, pues se originarán durante todo el tiempo en que WOM deje de cumplir con sus obligaciones y la política pública se encuentre paralizada”, argumentó la institución.
De hecho, el consejo alertó que en el momento en que se busque perseguir la reparación esta fianza estará lejos de compensarlos: “Las garantías cuya ejecución se ha suspendido estarán vencidas. Los perjuicios ya ocasionados por WOM son invaluables y la fianza presentada no cumple tampoco la exigencia legal”.
Pese al reclamo del CDE, el Tribunal declaró que “se rechaza la solicitud de declarar insuficiente la caución rendida. Por último no se condena en costas al Fisco de Chile, por estimarse que tuvo motivos plausibles para incidentar”.
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