Por Michael Stott, Ciara Nugent y Joe Daniels
Río de Janeiro / Santiago / Bogotá
El nuevo abanderado de la extrema derecha colombiana, Abelardo de la Espriella, se ha comprometido a librar una “cruzada por el alma de la patria” contra los “comunistas” en el gobierno, y las mafias de la droga y las guerrillas que aterrorizan al país.
“Voy a aplicar mano dura contra el crimen en todas sus formas”, afirma de la Espriella, un impetuoso exabogado penalista de 47 años, en una entrevista en su despacho en la costa caribeña colombiana. “La paz solo se puede lograr con la fuerza de las armas y la ley”.
Durante la campaña electoral, De la Espriella ha invocado a Dios en una batalla moral y espiritual para salvar a su nación andina del mal de la izquierda. Toma elementos de otros líderes de extrema derecha latinoamericanos en más de un mensaje; su elección de un tigre como símbolo evoca al león característico del Presidente argentino Javier Milei, mientras que su barba, bigote y patillas negras, cuidadosamente recortadas, evocan al mandatario de El Salvador, Nayib Bukele.
Bukele inspira a muchos contendientes de derecha en la región. Su extraordinario éxito al transformar El Salvador de uno de los países más violentos de Latinoamérica a uno de los más seguros -aunque a través del encarcelamiento masivo y un régimen autoritario- está animando a los conservadores antisistema en toda la región justo cuando la región entra en un importante ciclo electoral.
"No recuerdo que haya habido un momento anterior en que la política de tantos países latinoamericanos pareciera depender de (las preocupaciones de los votantes sobre la delincuencia)", dice Will Freeman, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR) en Nueva York.
“Se debe a la expansión de los principales mercados criminales de la región”, añade. “El enorme aumento del tamaño del tráfico de cocaína, el auge de la minería ilegal de oro, la ola de tráfico de personas durante un tiempo, y la forma en que esto ha generado muchas nuevas bandas y organizaciones criminales en diferentes partes de la región que antes no tenían que lidiar con esto”.
La dramática captura del Presidente autoritario de Venezuela, Nicolás Maduro, por comandos estadounidenses en la madrugada del 3 de enero ha reforzado, en todo caso, el giro hacia la derecha en la mayor parte de la región, dicen los encuestadores.
Una encuesta realizada por la firma AtlasIntel, con sede en São Paulo, a más de 11.000 personas en toda la región mostró que el 60% apoyó la redada y solo el 35% la desaprobó. El apoyo fue mayor en los países del Caribe, Centroamérica y la región andina, mientras que en México y Brasil el margen fue menor.
“En todo caso, un mayor enfoque en Venezuela perjudica a la izquierda latinoamericana, en lugar de beneficiarla”, afirma Andrei Roman, director ejecutivo de AtlasIntel. “La opinión predominante en Latinoamérica es que debería haber una mayor intervención estadounidense en Venezuela para que el país pueda redemocratizarse y retomar la senda de la prosperidad económica”.
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La inseguridad como clave
De la Espriella y otros esperan que al imitar la mano dura de Bukele contra el crimen, puedan derrotar a los gobernantes y marcar el comienzo de una ola de presidentes amigos de Trump en lo que algunos estadounidenses llaman su “patio trasero”.
El terreno político parece fértil. "La delincuencia y la violencia son claramente la principal preocupación de los latinoamericanos hoy en día", afirma Jean-Christophe Salles, director ejecutivo para América Latina de la encuestadora Ipsos. "Es la mayor preocupación en casi todos los países2.
Alrededor del 55% de los latinoamericanos considera la delincuencia y la violencia como su principal preocupación, según datos de Ipsos, frente a tan solo el 34% a nivel mundial. En Chile, la cifra asciende al 62%.
El miedo a la delincuencia impulsó al ultraconservador José Antonio Kast a una aplastante victoria en las elecciones presidenciales chilenas del mes pasado, superando a su oponente comunista, Jeannette Jara. Su mensaje de derecha, más amplio, había fracasado en dos elecciones anteriores, pero esta vez ganó centrándose en promesas de construir fortificaciones fronterizas, deportar a inmigrantes ilegales y reducir la delincuencia.
El plan de Kast implica una ofensiva contra las pandillas que, según su equipo, está inspirada en parte por un viaje que hizo a El Salvador el año pasado, donde visitó la gigantesca prisión recién construida por Bukele, el Centro de Reclusión de Terroristas (Cecot), que tiene capacidad para albergar a unos 40.000 reclusos, muchos de ellos detenidos indefinidamente.
Una vez que asuma formalmente el cargo en marzo, Kast planea endurecer las condiciones carcelarias para los pandilleros, aumentar “drásticamente” las penas de cárcel, detener una gran ola de inmigración desde Venezuela a la que culpa de erosionar la ley y el orden, y expulsar a los inmigrantes que han ingresado ilegalmente.
En una breve entrevista en su oficina de Santiago antes de las elecciones, Kast señaló una calle arbolada en el acomodado barrio de Las Condes, y dice que incluso allí, sus cámaras de seguridad habían captado robos de vehículos.
“Antes, si ibas a Perú y Colombia, veías guardias armados y vehículos blindados, pero nunca tuvimos eso en Chile”, dijo. “Queremos recuperar nuestra posición como el país más seguro de la región”.
Si bien Chile sigue siendo seguro según los estándares latinoamericanos, la tasa de homicidios se ha más que duplicado desde 2015, y delitos anteriormente poco frecuentes como secuestros, desmembramientos y robos violentos de vehículos han dominado los titulares.
Elizabeth Leyton, una madre que se queda en casa y votó por Kast en el centro de Santiago, lamenta que su familia ya no se sienta segura para salir tarde. "Quiero que expulsen a todos estos delincuentes que han venido de otros países", dice.
El pensionista José Luís Aguirre, de 75 años, quien también votó por Kast, está listo para implementar políticas de mano dura tras el gran aumento de la delincuencia bajo el Gobierno de izquierda saliente. "Ya basta de derechos humanos", dice. "Sean duros con quienes se portan mal. Si les disparan, hay que devolverles el fuego".
Incluso Costa Rica, un país tan pacífico que decretó la abolición de su ejército en 1948, se ha visto sacudido por niveles récord de asesinatos relacionados con las drogas.
Antes de las elecciones del 1 de febrero, su Presidente saliente, Rodrigo Chaves, apareció con Bukele para colocar la primera piedra de la versión costarricense de Cecot, un proyecto de cárcel de máxima seguridad de US$ 35 millones con capacidad para 5.100 presos.
Laura Fernández, su sucesora elegida, lidera las encuestas y promete ser aún más dura con la delincuencia que su mentor. "Laura está adoptando una línea de mano dura contra los narcos", afirma una persona cercana al Gobierno. "Promueve valores muy conservadores y una agenda anti-woke".
En Perú, que tendrá elecciones en abril, el principal candidato presidencial y exalcalde de Lima Rafael López Aliaga promete combatir lo que llama “terrorismo urbano” con cadenas perpetuas para los delitos graves.
La extorsión por parte de bandas que exigen pagos regulares por protección se ha convertido en una gran preocupación para los peruanos. Según cifras oficiales, se reportaron 20.705 casos de extorsión entre enero del año pasado y septiembre, lo que representa un aumento del 29% con respecto a 2024. En 2025, se registraron 2.213 asesinatos, la cifra más alta desde 2017, cuando se inició la recopilación de datos detallados.
“Existe una percepción generalizada en Lima de que la ciudad se ha vuelto insegura, incluso en los barrios más adinerados”, afirma Rodolfo Rojas, director de la consultora local Sequoia. “Lo que la gente quiere son resultados, no jueces y fiscales que garanticen los derechos de los presuntos delincuentes”.
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Efecto en la región
Colombia, un país que ha luchado durante mucho tiempo contra las guerrillas marxistas y los cárteles de la droga, celebrará elecciones legislativas en marzo y presidenciales en mayo. En estas últimas, De la Espriella ha ganado el mayor apoyo en un campo conservador abarrotado, con un 22% de apoyo en una encuesta de Gad3 realizada este mes.
La izquierda se ha unido en torno al senador de extrema izquierda Iván Cepeda, quien lidera la mayoría de las encuestas nacionales y probablemente se enfrentará a De la Espriella en una segunda vuelta. Cepeda es el candidato elegido por el actual Presidente de izquierda Gustavo Petro, quien tiene prohibido por la Constitución postularse a un segundo mandato consecutivo.
La trayectoria de De la Espriella como abogado defensor de uno de los aliados clave de Maduro, Alex Saab, no parece preocupar a sus partidarios. Jorge Sarmiento, policía retirado del departamento occidental de Antioquia, afirma ser "el único que puede evitar que el país se hunda".
Sarmiento añade que le preocupa la violencia vinculada al narcotráfico y la minería ilegal de oro en la región. "Un presidente tímido no funciona aquí", concluye.
La seguridad se ha convertido en la principal preocupación de los votantes argentinos, un país cuya política ha estado marcada durante mucho tiempo por los problemas económicos. Según una encuesta de la consultora D'Alessio Irol, dos tercios de los encuestados la consideraron una de sus principales preocupaciones en diciembre.
El Presidente Milei ha convertido la delincuencia en un elemento central de su "batalla cultural" contra el movimiento peronista de izquierdas que ha dominado la política argentina durante décadas. Sus políticas "convirtieron al país en un baño de sangre", declaró el líder libertario en octubre al anunciar una reforma del código penal que, de ser aprobada por el Congreso, aumentaría las penas para la mayoría de los delitos.
En México y Uruguay, los gobernantes de izquierda están tomando medidas drásticas contra la delincuencia violenta para congraciarse con los votantes. La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha desechado la política de su mentor y predecesor, Andrés Manuel López Obrador, de "abrazos, no balazos" para lidiar con los cárteles asesinos, ordenando en su lugar incautaciones récord de drogas, arrestos de narcotraficantes de alto perfil y la expulsión de decenas de jefes de cárteles a Estados Unidos.
El Presidente izquierdista de Uruguay, Yamandú Orsi, citó a Bukele en un evento de noviembre como un ejemplo a seguir. "Antes, la izquierda no hablaba de seguridad, sino de convivencia, por miedo a caer en conceptos reaccionarios. En mi campaña dije: la seguridad es un derecho humano fundamental que debemos promover".
En Guatemala, que limita con El Salvador y ha luchado durante mucho tiempo contra las bandas de narcotraficantes, el mandatario de centroizquierda Bernardo Arévalo decretó un estado de emergencia de 30 días después de que policías murieran tratando de sofocar disturbios y tomas de rehenes en varias cárceles.
“El estado de emergencia parece un serio cambio de tono para el gobierno notoriamente moderado y cauteloso de Arévalo”, dice James Bosworth, consultor y autor del Informe de Riesgos de América Latina.
Pero la mayor prueba de si los conservadores pueden aprovechar la ola de criminalidad para derrocar a los gobernantes de izquierda llegará en Brasil, que celebrará elecciones presidenciales y legislativas en octubre.
La nación más grande de América Latina puede resultar una excepción, dice Christopher da Cunha Bueno Garman, director general para las Américas de la consultora de riesgo político Eurasia.
La delincuencia es una de las principales preocupaciones, pero los votantes también citan la pobreza y la atención médica -puntos fuertes tradicionales de la izquierda- como grandes preocupaciones, señala Garman. El actual Presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene índices de aprobación relativamente altos, en torno al 46%, y es un veterano activista, mientras que la derecha se debate sobre a quién elegir como candidato tras la condena del exmandatario Jair Bolsonaro por cargos de conspiración golpista.
“Creo que es un error concluir que, dado que estamos viendo un giro a la derecha en la región, Brasil es el siguiente”, dice Garman. “Lula es un modesto favorito para ganar”.
Si bien la percepción de inseguridad ha aumentado durante el tercer mandato de Lula, «se ha registrado un aumento del 15% al 17% en los ingresos reales en Brasil bajo la administración de Lula y el desempleo se encuentra en mínimos históricos», añade Garman. "Por lo tanto, hay razones para pensar que Brasil no seguirá el giro a la derecha".
Independientemente de cuántos países latinoamericanos recurran a supuestos salvadores de la derecha para combatir el crimen violento, los expertos advierten que es poco probable que la batalla contra las mafias bien financiadas, bien organizadas y bien armadas se gane únicamente con políticas de mano dura.
El éxito de Bukele en El Salvador se vio favorecido por el pequeño tamaño del país, su enorme mayoría en el Congreso y el hecho de que el principal problema de la delincuencia estaba relacionado con las pandillas y no con las drogas.
“Cada vez que un presidente alcanza un índice de aprobación del 85% y lo mantiene durante varios años, se ven imitadores”, afirma Steven Levitsky, profesor de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Harvard y coautor del libro Cómo mueren las democracias . “Veremos a gente deseando un Bukele en su país o presentándose como el próximo Bukele, pero lograrlo siempre resulta muy difícil”.
En Río de Janeiro, donde la violencia urbana es tan endémica que los expertos en delincuencia la comparan con una zona de guerra, la policía militar del estado mató a 420 civiles en los primeros 11 meses de 2025, incluidos 117 en un día durante una operación contra presuntos narcotraficantes.
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La masacre fue noticia mundial, pero una encuesta posterior mostró que la mayoría de los cariocas apoyaban a la policía. La misma encuesta reveló que el 43% había presenciado personalmente un robo a mano armada en los últimos tres meses.
Pero Robert Muggah, experto en seguridad pública residente en Río, critica las políticas de seguridad del gobernador derechista de la ciudad, Cláudio Castro. Los problemas de la ciudad, afirma Muggah, se deben a la incapacidad de "ofrecer un conjunto coherente de estrategias a largo plazo para afrontar este desafío".
“Así que lo que obtenemos son estas respuestas esporádicas, hiperagresivas, militarizadas y dirigidas por la policía, que proporcionan un subidón de azúcar a corto plazo al gobernador y a su base de apoyo, pero hacen muy poco para resolver lo que es un conjunto de desafíos insolubles”, añade. Un análisis de datos oficiales realizado por el equipo de Muggah sugiere que las fuerzas de seguridad serán responsables de casi un tercio de todas las muertes violentas en Río este año.
Estas preocupaciones se repiten en Colombia. Los analistas locales afirman que, si bien varios conservadores, incluido De la Espriella, se posicionan como duros contra la delincuencia, no han presentado soluciones convincentes.
“Ninguno de los candidatos, al menos hasta ahora, ha presentado planes sólidos o sustanciales sobre cómo abordar la inseguridad”, afirma Elizabeth Dickinson, subdirectora del programa para América Latina y el Caribe del International Crisis Group. “Lo que tenemos actualmente es una especie de inclinación instintiva hacia un enfoque más duro”.
El crimen organizado también está afectando la política en toda la región. México tiene una de las tasas más altas de asesinatos políticos del mundo, principalmente a nivel municipal. Unos 37 candidatos fueron asesinados antes de las elecciones generales de 2024, según la consultora de seguridad Integralia.
El secretario de seguridad de México declaró que un hombre arrestado bajo sospecha de ordenar el asesinato de Carlos Manzo, el popular alcalde de Uruapan, en el departamento de Michoacán, tenía vínculos con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación. Manzo se había pronunciado previamente contra la violencia de los cárteles.
Muggah dice que el crimen organizado está “penetrando desde abajo al infiltrarse en nuestra política local e influir en los candidatos que son seleccionados o en las formas en que los votantes votan”, y agrega que las mafias criminales también están penetrando más mercados, tanto legales como ilícitos, y adoptando rápidamente nuevas tecnologías.
Freeman, del CFR, dice que está alarmado por “cómo el crimen se está convirtiendo en parte de la política electoral… en realidad se está convirtiendo en una herramienta que los candidatos utilizan, especialmente a nivel local, para ganar”.
Cita el ejemplo de un grupo de discusión para un candidato que se postulaba en una gran ciudad del interior del estado de São Paulo. Si se les decía a los votantes que el candidato estaba vinculado al PCC, uno de los cárteles de la droga más grandes de Brasil, aumentaba el apoyo. "La razón era que los votantes creían que esta persona sería más eficaz para garantizar el orden".
La inquietante conclusión de Freeman es que algunos de los que dicen estar muy preocupados por el crimen y la violencia “no necesariamente se opondrán a un candidato respaldado por el crimen”.
“Sólo querrían a alguien muy competente”.
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