Discrepancias existen en los principales gremios del sector minero -Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Minería (Sonami)- por cómo afrontar el proyecto del Ejecutivo de ratificar el Convenio 176 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a seguridad en las faenas. Todo ello en un contexto de mayor fatalidad en la industria: a la fecha, han fallecido 12 personas en el sector, cifra que iguala a todo lo registrado en 2022.
De acuerdo a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, el convenio internacional confiere “el derecho a los trabajadores de notificar los accidentes, incidentes peligrosos, riesgos al empleador y la autoridad competente, solicitar que se efectúen inspecciones e investigaciones, conocer riesgos existentes en el lugar de trabajo, obtener información relativa a la seguridad y salud, derecho a retirarse de cualquier sector de la mina cuando haya motivos razonablemente fundados para pensar que la situación presenta un peligro grave, entre otros”.
El presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, dijo que la entidad que agrupa a las grandes compañías del sector “apoya la ratificación del Convenio 176 en la medida que se precisen ciertos puntos”.
US$ 73.655 millones
suma la cartera de proyectos mineros a 2031.
Y es que, a su juicio, esto “resulta indispensable para evitar que se reduzca el estándar de seguridad y salud en el trabajo minero, así como para evitar incertezas e interpretaciones incorrectas”.
Para el Consejo Minero, los tres puntos que se deben esclarecer se relacionan con, primero, el alcance del sistema de responsabilidad por culpa. Segundo, la institucionalidad que exista para el cumplimiento de los derechos de consulta y participación de los trabajadores y, por último, la importancia del autocuidado y cuidado colectivo del trabajador, según consta en una presentación realizada ante la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputadas y Diputados.
Respecto del primer aspecto, Villarino precisó que la propuesta del Ejecutivo se refiere a “garantizar una explotación segura, y procedimientos que garanticen la seguridad del sistema de trabajo y la protección de trabajadores” y “asegurar la vigilancia sistemática de la salud de trabajadores”, pero detalló que la versión en inglés es menos categórica (“to provide conditions”).
En este mismo aspecto, una variable es la responsabilidad legal de la empresa mandante. De acuerdo a Villarino, el objetivo de las precisiones que busca el Consejo Minero es “evitar que se debilite la responsabilidad del empleador directo en materia de seguridad, concentrándose principalmente en el responsable de la mina y pudiendo desincentivar que los empleadores directos pongan el debido foco en estas materias”.
Y respecto a la institucionalidad para el cumplimiento de los derechos de consulta y participación de los trabajadores, el Consejo Minero estimó que estos derechos se ejercen a través de los comités paritarios, no siendo necesario crear una instancia nueva.
Sonami no quiere ratificar
El gremio Sonami no quiere ratificar el Convenio 176 hasta que no se resuelvan una serie de nudos e inconvenientes, explicó su presidente, Jorge Riesco.
Para Riesco y para la Sonami, la ratificación del Convenio 176 “podría introducir factores que distorsionen y hagan más complejo el cumplimiento de la vasta normativa vigente”.
Un elemento de alarma para Sonami es que en el ámbito de la aplicación del Convenio 176, las directrices o diseños de gestión de seguridad y salud (sistemas de control de riesgos fatales, control de alcohol y drogas, control de exámenes psicosensotécnicos, o exámenes necesarios para trabajo en altura), podrían ser sujetos de participación por parte de los trabajadores, labor que hoy es propia de los omités paritarios. Con ello, advierten, el tema se aleja del área técnica para transformarse eventualmente en materia de negociación colectiva.
Por último, es importante destacar que la pequeña minería también podría verse afectada por la posible ratificación de este Convenio. Al respecto, el Reglamento de Seguridad Minera, en uno de sus títulos, regula las obligaciones de los pequeños productores y “la aplicación del Convenio podría hacer más gravosa la actividad e impedir el desarrollo de la actividad minera de pequeña escala”, señaló Sonami.
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Valeria Ibarra
