El presidente mexicano Enrique Peña Nieto puede haber evitado un gran aumento de impuestos o dolorosos recortes en el gastos con su decisión de diciembre de aumentar en hasta 20% el precio de la gasolina, a su mayor nivel en casi dos décadas; sin embargo, el mayor beneficiado con la medida ha sido el crimen organizado.
El gobierno decidió poner fin a años de subsidios que abarataban el combustible para los conductores, pero a un costo estimado de 200 mil millones de pesos (US$ 9.000 millones) anuales para el fisco.
Sin embargo, con el llamado “gasolinazo” también dejó la puerta abierta para grupos delictivos –los carteles del Golfo, Jalisco Nueva Generación, Los Zetas y Los Caballeros Templarios– que históricamente han manejado las ventas ilegales de combustible como uno de sus negocios más rentables.
Boom del mercado negro
Los carteles se han volcado a la sustracción ilegal como un negocio paralelo valorado en millones de dólares cada año, y están surgiendo grupos criminales enfocados únicamente en la gasolina, según explicó Alejandro Schtulmann, presidente de Empra, firma consultora de riesgos en Ciudad de México. “Sólo se necesita invertir entre US$ 5.000 y US$ 8.000 para comprar equipos específicos y el resultado son ingresos gigantes”, describió.
Por ello, el mercado negro se está disparando. Diversos estados mexicanos están experimentando escasez de gasolina desde fines de año a medida a que aumentaron los robos en las tuberías de Pemex.
Y es que la práctica está bien establecida. Los precios en el mercado negro ya eran mucho más bajos que los del comercio minorista y con el alza los carteles están viendo un incremento en sus márgenes de ganancias.
Para estos grupos, la reforma de Peña Nieto fue un negocio redondo: ofrecen la gasolina más barata, ganan nuevos clientes y conservan su cuota en el mercado actual.
Sube como espuma
Durante la anterior ofensiva contra el narcotráfico, en 2006, con el entonces presidente Felipe Calderón, fueron descubiertos 200 puntos de sustracción ilegal de gasolina. En 2010 se contaron 710 y para 2015 la cifra había alcanzado los 5.500, un aumento de 600%.
Según la información más reciente de Pemex –la estatal petrolera que atribuye su caída en la producción a estas actividades–, 2.221 grifos ilegales fueron detectados sólo en los primeros cinco meses de 2016 en cinco estados.
La medida, que llegó en momentos en que el pronóstico de crecimiento para México es el más bajo en cuatro años, intentaba ayudar a contener el aumento de la deuda pública y fomentar la competencia y la inversión privada en el mercado del combustible. Sin embargo, se ha convertido en un gran dolor de cabeza para Peña Nieto.
Golpe a la imagen
El jefe de Estado ha sido el que ha implementado la mayor ofensiva contra el crimen organizado en la historia reciente del país, pero la falta de éxitos está aumentando los cuestionamientos a sus políticas.
Las respuestas cada vez más violentas por parte de los delincuentes, los problemas económicos y la percepción desfavorable sobre el combate a la corrupción, entre otros asuntos, llegan en momentos en que el presidente electo de EEUU, Donald Trump, trata a su vecino como un estado fallido.
El mandatario azteca ha visto caer su popularidad a los niveles más bajos para un gobernante desde 2000, y las encuestas han venido mostrando cómo potenciales candidatos de su Partido Revolucionario Institucional (PRI) son superados por el polémico político anti establishment Andrés Manuel López Obrador, con miras a las elecciones presidenciales de 2018.
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