La mayor investigación por escándalos de corrupción en la historia de Brasil amenaza con hacer caer a la presidenta Dilma Rousseff. Pero la ola de acusaciones judiciales podría estar marcando también el inicio de una nueva era de transparencia en toda la región, particularmente en la vecina Argentina, donde la ex presidenta Cristina Fernández y su hijo, el diputado del Frente para la Victoria Máximo Kirchner, afrontan una dura batalla legal.
Y es que la administración de Mauricio Macri ha decidido estrechar el cerco legal en contra de la ex jefa de Estado y ha pedido investigarla a fondo.
Precisamente, este martes en la noche, se dio un nuevo paso. El empresario más cercano a la familia Kirchner, Lázaro Báez, considerado por muchos como su testaferro, fue detenido tras ser acusado de lavado de activos por más de US$ 5 millones a través de la empresa financiera SGI, conocida como La Rosadita, que tenía sus oficinas en un lujoso edificio de Puerto Madero; y por enriquecimiento ilícito como dueño de Austral Construcciones, principal adjudicataria de obras públicas en los últimos 20 años.
Durante el operativo que lo puso tras las rejas, el empresario exclamó: “Espero que hagan lo mismo con Cristina”, generando sospechas de que su testimonio podría involucrar a la ex mandataria y a su entorno en actividades ilícitas.
El fiscal federal que lleva adelante la investigación, Guillermo Marijuan, no descartó incluso que Fernández o algunos miembros de su círculo más cercano sean llamados a declarar por estos casos.
Báez, aliado de los Kirchner
El incremento acelerado de la fortuna de Báez y su cercanía con los Kirchner lo convirtieron en blanco de sospechas de corrupción.
Él es el empresario que la ex pareja presidencial colocó en la gerencia del Banco Nación de Santa Cruz hace 25 años. El mismo que armó su constructora nueve días antes de que llegaran, por primera vez en 2003, a la Casa Rosada y con la que se llevó la mayor cantidad de negocios de obras públicas. Además, fue quien construyó el mausoleo donde hoy reposan los restos del ex jefe de Estado, el esposo de Fernández, Néstor Kirchner.
La justicia argentina tiene en sus manos la causa que más comprometería a la ex mandataria con hechos irregulares.
El llamado caso Hotesur busca determinar si, entre otras cosas, la sociedad que le pertenece a Fernández, hijos, sobrinos, entre otros -y que administra distintos hoteles-, arrendó cientos de habitaciones a Báez que posteriormente no fueron utilizadas. El objetivo de esta maniobra habrís sido colocar el dinero de las obras públicas en dicha sociedad a beneficio de la ex familia presidencial.
La gran interrogante, ahora, es si el empresario finalmente los involucrará en sus declaraciones. Báez se negó ayer a contestar las preguntas frente al juez Sebastián Casanello y entregó un escrito en el que aseguraba que el dinero que se vio en las grabaciones de la financiera SGI, en las que además aparece su hijo Martín Báez, había sido utilizado en una adquisición inmobiliaria.
Pero éste no es el único caso en el que estaría inmersa la ex titular de la Casa Rosada, quien vio crecer su patrimonio desde US$ 7 millones antes de asumir en 2003 hasta
US$ 64 millones cuando dejó el gobierno el año pasado. Fernández tendría al menos 50 causas penales en trámite, muchas de las cuales tomaron impulso en los últimos meses de su gobierno.
Primera vez ante la justicia
El 13 de abril de 2016, será la primera vez que Fernández aparecerá ante un juez y será frente a Claudio Bonadio por presuntas irregularidades en los contratos de dólar futuro operados por el Banco Central de Argentina al final de su presidencia.
Según Bonadio, la venta ilegal de dólares a futuro le generó pérdidas al Estado por más de US$ 520 millones e hizo que el 87% de la emisión monetaria de la entidad, desde diciembre, se utilizara para pagar estas pérdidas.
También está bajo sospechas de haber instigado el asesinato del fiscal Alberto Nisman, quien investigaba los vínculos del gobierno kirchneristas con Irán presuntamente para encubrir a los autores del atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).
Por si fuera poco, el mismo día de la detención de Báez, la Corte Suprema de Argentina ordenó reactivar el caso del maletín de US$ 800 mil que el empresario venezolano, Guido Antonini, intentó ingresar al país en 2007 con el objetivo de financiar la campaña electoral de la ex mandataria.
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