Un nuevo día de protestas ayer en Venezuela. Suman ya 191. Lo que se suponía sería una jornada de solo dos horas, fue ampliada a diez tras la presión el domingo por parte de los ciudadanos que solicitaron una respuesta más firme a la reforma constitucional que fue convocada para el 30 de julio por el presidente Nicolás Maduro.
A diferencia de lo que quizás el gobierno pensó que lograría con la medida sustitutiva de casa por cárcel dictada este fin de semana a favor del líder opositor, Leopoldo López, ciudadanos y dirigentes antichavistas han dirigido sus esfuerzos a endurecer la protesta social y exigir tanto la liberación de los más de 430 presos políticos que permanecen detenidos en distintos centros de la nación, como la renuncia del actual jefe de Estado.
De esta manera, el objetivo de los bloqueos pasó a ser convertir las concentraciones en puntos de información sobre la consulta popular que se realizará el 16 de julio, dentro y fuera del país, con el objetivo de rechazar con votos la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).
Crece la crisis
Aunque la jornada inició con normalidad, tras el paso de las horas hubo nuevamente enfrentamientos con cuerpos de seguridad.
Un menor de edad muerto en el estado Carabobo, siete funcionarios de la Guardia Nacional y un fotógrafo heridos en Caracas, y varios detenidos en todo el país fue el saldo que dejó la convocatoria. A ello se sumó la citación que hizo el Ministerio Público al coronel encargado de velar por la seguridad de la Asamblea Nacional (AN), tras los hechos violentos de la semana pasada, y el llamado de los trabajadores de la Fiscalía a protestar e incluso tomar acciones legales si la titular del despacho, Luisa Ortega Diaz, es removida del cargo.
Impuesta por la fuerza
Mientras el plebiscito toma fuerzas, la ANC suma críticas.
Ya no son solo los detractores de Maduro, sino miembros del oficialismo los que se oponen a la consulta -e incluso han pasado a apoyar la propuesta de la oposición-, pues consideran que viola el principio de universalidad del voto, por la forma en como han sido delineadas sus bases.
Pero además han rechazado que el presidente Maduro arremetiera este fin de semana contra los funcionarios públicos, asegurando que todos “están obligados” a participar en las elecciones que él convocó.
“Si tenemos 15.000 trabajadores, deben votar los 15.000 trabajadores, sin ninguna excusa, empresa por empresa, ministerio por ministerio, gobernación por gobernación, alcaldía por alcaldía. Vamos todos”, enfatizó.
Su llamado ha sido considerado una medida de desesperación del Ejecutivo en momentos en que la crisis escala y como una amenaza directa a quienes trabajan para el gobierno.
En tanto, la Iglesia católica pidió en una carta al jefe de Estado “retirar” su convocatoria, tras considerar el pasado viernes que el gobierno se comporta como una “dictadura”.
Principio de universalidad del voto peligra con consulta sobre Carta Magna
Poco más de 19 millones de venezolanos están, teóricamente, convocados a elegir a los representantes a la Asamblea Nacional Constituyente, impulsada por el presidente Maduro.
Sin embargo, el proceso ha sido rechazado incluso por sectores críticos del propio chavismo, por considerar que viola el principio del "voto universal" garantizado en la Carta Magna.
Y es que las bases comiciales de la consulta –entregadas por el jefe de Estado al Consejo Nacional Electoral– han hecho que el proceso sea considerado un traje hecho a la medida del Ejecutivo.
El 30 de julio se elegirán 545 candidatos que se encargarán de modificar la Carta Magna elaborada en el primer gobierno de Hugo Chávez. De esos, 364 serán escogidos por representación territorial y 173 por sectores, que se sumarán a los ocho constituyentes indígenas.
En el primer caso, los representantes serán escogidos dividiendo al país en territorios, donde priman los km2 de los estados por sobre la densidad poblacional. De esta manera, regiones más grandes, pero menos habitadas, elegirán la misma cantidad de aspirantes que las más pequeñas, pero que pudieran concentrar más personas (como suele ocurrir con las capitales).
Si esto pasara en Chile, por ejemplo, la Región Metropolitana (con más de 7 millones de habitantes en sus 15.400 km2) escogería la misma cantidad de candidatos que la región de O'Higgins –que en territorio se le aproxima, pero que cuenta con 966.800 personas– solo por tener la misma extensión.
En el segundo caso, el Ejecutivo dividió a la sociedad en ocho sectores y les asignó una cantidad de votos por emitir. Por ejemplo, los funcionarios públicos podrán escoger ocho aspirantes y los empresarios cinco. Otro caso es el de los estudiantes: a quienes forman parte del sistema público les corresponden once votos, a los de las llamadas misiones sociales diez y a los de las instituciones privadas solo tres.
Esta forma de organizar al país no solo "dibuja" una sociedad según su clase y oportunidades sino que, según la oposición y analistas, busca favorecer al oficialismo que está mejor organizado en sindicatos, gremios y asociaciones, y consejos comunales.
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