“Quiero expresar mi más absoluto rechazo y condena frente a ese hecho”, señaló ayer el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, en referencia a la revelación de que su campaña electoral recibió financiamiento ilegal por parte de la constructora brasileña Odebrecht. “Lamento profundamente y pido excusas a los colombianos por este hecho bochornoso que nunca ha debido suceder y del que me acabo de enterar”, señaló.
Según investigaciones preliminares, la empresa, involucrada en varios esquemas de sobornos políticos en Latinoamérica, habría pagado US$ 400.000 a una firma colombiana para imprimir afiches de Santos en 2010, sin que existan registros contables de la operación. La legislación colombiana prohíbe dineros extranjeros en campañas políticas.
Ayer, el ex gerente de la campaña de Santos, Roberto Prieto, reconoció el aporte financiero de la brasileña y aseguró que el jefe de Estado no estaba enterado de los hechos. “Yo ordené los afiches y me dijeron que (el dinero) salió de Odebrecht. Les envié la factura”, indicó en entrevista a Blu Radio. “La irregularidad es evidente”, apuntó.
Sus dichos pusieron en la cuerda floja al ex asesor de campaña y hoy director de Impuestos y Aduanas del país, Santiago Rojas, quien ayer aseguró que desconocía el papel de la brasileña en la carrera presidencial de 2010. “Los recursos de Odebrecht no me fueron informados por ningún miembro de la campaña”, sostuvo.
Terremoto en Hacienda
Mientras el caso Odebrecht remece la oficina presidencial, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, enfrenta a la justicia por un escándalo de sobrecostos en la petrolera Ecopetrol, en la cual trabajó hasta asumir la cartera.
La contraloría investiga “deficiencias en la ejecución de las diferentes etapas o fases” del proyecto de modernización de la refinería estatal Reficar que podría haber generado un daño fiscal de más de US$ 6.000 millones.
En una entrevista radial, el contralor general, Edgardo Maya, informó que “también encontramos maquinaria sin usar por US$1.500 millones. Tenemos que ver quiénes son los responsables de esos dineros que se dejaron de invertir”. Algunos de estos equipos se encuentran en la intemperie y otros cubiertos en bodegas.
La contraloría abrió además un proceso contra 38 ejecutivos de la petrolera, entre ellos su presidente, Juan Carlos Echeverry.
La modernización de Reficar, concluida a fines de 2015, costó US$ 8.016 millones, desde los US$ 3.460 millones previstos inicialmente. “Si hay que tomar medidas cautelares se hará contra los patrimonios de los implicados y desde luego esto tiene una vinculación no solamente de carácter fiscal sino también de carácter penal”, explicó Maya.
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