Las críticas contra las restricciones migratorias implementadas por el presidente Donald Trump se multiplicaban ayer, luego que numerosos países, incluyendo aliados de Estados Unidos, las describieron como divisivas y discriminatorias.
Gobiernos desde Londres a Teherán cuestionaron el decreto que suspendió por cuatro meses el ingreso de refugiados y prohibió temporalmente la llegada de viajeros de siete países, de mayoría musulmana, para combatir los atentados terroristas.
En Alemania, la canciller Angela Merkel dijo que la lucha global contra el terrorismo no era excusa para las restricciones y “no justifica poner a personas bajo una sospecha generalizada sólo por su origen”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, dijo que “el terrorismo no conoce nacionalidades” y que la “discriminación no es una respuesta”, mientras que su par británico, Boris Johnson, afirmó en Twitter que “es divisivo y equivocado estigmatizar a alguien por su nacionalidad”.
La prohibición afecta a viajeros con pasaportes de Siria, Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Trump respondió ayer a sus críticos señalando que el “país necesita fronteras fuertes y vetos radicales”. A través de Twitter dijo: “Miren lo que ha pasado en toda Europa y en el mundo: ¡Un desastre horroroso!”. “Los cristianos de Medio Oriente son ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que este horror continúe!”.
Agregó que no se trata de “una prohibición contra los musulmanes”, pero que buscaría dar prioridad a cristianos que estén intentando escapar del país asediado por la guerra.
Frente interno
También recibió cuestionamientos internos. La jueza federal de Brooklyn, Nueva York, Ann Donnelly, suspendió temporalmente parte de la orden ejecutiva de Trump. La sentencia recae sobre personas con solicitudes de refugio aprobadas, visas válidas y “otras personas legalmente autorizadas para ingresar a EEUU”, y sostiene que existe un riesgo de “lesión sustancial e irreparable” a los afectados. Sin embargo, la medida, no se pronuncia sobre la constitucionalidad de la decisión.
En tanto, fiscales generales de varios estados están discutiendo si presentan una medida judicial contra el decreto. Funcionarios de las fiscalías generales de Pensilvania, Washington y Hawái dijeron el sábado que estaban considerando los pasos a tomar.
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