El tiempo corre para el presidente de Brasil, Michel Temer. Sus días frente al Palacio de Planalto podrían estar contados si la denuncia en su contra por corrupción pasiva logra superar los trámites ante la Cámara Baja del Parlamento y el Tribunal Supremo de Justicia.
Su futuro empieza a decidirse esta semana con la presentación hoy, ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados, del informe que presentará el diputado Sergio Zveiter, quien fue designado la semana pasada como relator del caso.
El nombramiento de Zveiter –también del partido PMDB– no fue muy bien recibido por el Ejecutivo, pues lo considera un político independiente no alineado con el mandatario y, por lo tanto, imprevisible en la recomendación que hará a la comisión.
Y es que, una derrota en esa instancia –aunque no sería exclusivamente vinculante a la decisión posterior del plenario– podría influir negativamente a los legisladores.
Además, Zveiter diseñó un cronograma que llevaría el debate hasta entrada la próxima semana, con cinco sesiones previstas por el reglamento. De esta manera, la denuncia podría llegar a ser votada recién la primera semana de agosto, a menos de que el receso legislativo de dos semana se retrase.
El plazo pone en peligro aún más la estabilidad del sucesor de Dilma Rousseff, cuya imagen está cada vez más desgastada y corre el riesgo de perder aliados con el paso del tiempo.
Por ello, se ha dispuesto a dar la batalla por calmar las tensiones y el viernes, rumbo a Alemania para la cumbre del G20, aseguró que en el país “no hay crisis económica y la política no es un problema”.
Negociando respaldo
Temer necesita 172 votos en la Cámara de Diputados para detener el proceso en su contra y aunque se ha mostrado confiado en que lo obtendría, apuesta al respaldo del Supremo Tribunal Federal (STF).
El pemedebista adoptó a fines de la semana, en una reunión con todos sus ministros, un tono duro e insinuó que habrá castigo a quien no colabore a su favor; ello como parte de la estrategia de que, junto a su equipo de trabajo, logren convencer a los legisladores de desechar las acusaciones de la Procuraduría General.
De hecho, entre sus estrategias, el gobierno estaría evaluando proponer cambios en el sistema de financiamiento electoral a través de una reforma política que permita a los partidos recibir donaciones de empresas bajo algunas condiciones.
El plan del senador Romero Juca establece un fondo de 3.500 millones de reales (US$ 1.070 millones), muy por encima de los 738 millones de 2016, de los cuales 70% sería distribuido según los escaños alcanzados en la cámara baja, 25% por los asientos en el Senado y un 5% de forma equitativa entre todas las organizaciones.
Según Eurasia Group, “el rumor en Brasilia es que el gobierno está tratando de usar la medida como una forma de intercambiar el apoyo al presidente en el Congreso por una mayor distribución de los fondos a los partidos”. “Sin donaciones corporativas disponibles, la importancia de los fondos públicos se ha vuelto mayor. Estas dinámicas tienden a aumentar el apalancamiento de la administración de Temer frente a los legisladores”, destaca la nota.
Preparando el terreno
En tanto, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, ha intensificado sus contactos con el mercado financiero, acción que es vista por analistas como un intento por demostrar que, en caso de que Temer sea removido de su cargo, él estaría preparado para asumir sus funciones manteniendo el actual equipo económico –entre ellos al ministro de Hacienda, Henrique Meirelles– y las reformas.
Su agenda coincide con la evaluación que hace el mercado de que Temer no podrá aprobar ninguna reforma en el Senado -excepto la laboral- mientras esté ocupado con las denuncias de corrupción.
La "alternativa Rodrigo Maia", aunque aún no es tan atractiva entre empresarios, ha llevado a muchos a considerarlo como una opción para avanzar en la agenda de reformas. Con él, dicen, habría un aliento, aunque corto, para lograr cambios en el sistema previsional.
Ruta al impeachment
Presentación del informe: El relator Sergio Zveiter presenta hoy sus recomendaciones ante la Comisión de Asuntos Constitucionales y de Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados sobre la denuncia de corrupción pasiva contra Temer.
Inician discusiones en la CCJ: El miércoles, los 66 diputados integrantes de la CCJ debaten sobre el reporte del relator. Serían al menos cinco sesiones para luego proceder a votar y pasarlo a la Cámara.
Votación en la cámara baja: Más allá del resultado en la CCJ, el pleno votará -posiblemente después del 17 de julio- si el caso debe pasar al Supremo Tribunal Federal (STF). Michel Temer necesita 172 votos para detener aquí el proceso.
En manos de la Justicia: De no lograr los votos, la Corte Suprema de Justicia recibirá el caso y decidirá si abre un juicio contra el presidente.
Destitución por 180 días: Si avanza la denuncia, el jefe de Estado deberá apartarse de su cargo por seis meses (tiempo que duraría el juicio) y sería sustituido por el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
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