La Audiencia Nacional española anunció hoy que investigará a los antiguos responsables del Banco de España (central) y al regulador bursátil español (CNMV) por supuestas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad bancaria Bankia, cuya quiebra costó al erario público más de US$ 23.407 millones.
El juez encargado del caso ha decidido incluir como investigados en la causa al exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez; su número dos, el exsubgobernador Javier Aríztegui y el exdirector de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello.
El sucesor de este último al frente de este departamento, Mariano Herrera; su número dos, Pedro Comín, y el inspector Pedro González también están citados como investigados.
Estos tres últimos presentaron hoy su renuncia con el propósito de que su citación "no afecte al desarrollo de las funciones de supervisión del Banco de España", según un comunicado de la entidad.
También será investigado el máximo responsable entonces de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (regulador bursátil español), Julio Segura.
En el auto hecho público hoy el juez admite de este modo el recurso de la acusación popular, la Confederación Intersindical de Crédito (una asociación de trabajadores de banca), que consideran que ambos organismos supervisores "incitaron" a la entidad en su debut bursátil, cuando existían "indicios múltiples" de que no era viable, tal y como advirtieron varios inspectores.
Según el escrito, los investigados dieron luz verde a una operación que "no debía ser aprobada, pues suponía grave perjuicio para accionistas, preferentistas y contribuyentes".
Bankia, fruto de la fusión en 2011 de siete cajas de ahorro españolas, entre ellas Caja Madrid, protagonizó una polémica salida a Bolsa ese año bajo la presidencia de Rodrigo Rato, exdirector gerente del FMI, que también está procesado en el caso por delitos de estafa y falsificación contable.
Poco después, en 2012 tuvo que recibir unos 22.000 millones de euros (23.407 millones de dólares al cambio actual) de fondos públicos para hacer frente al agujero financiero que tenía y en estos momentos se encuentra parcialmente nacionalizada.
La quiebra de la entidad afectó a miles de pequeños accionistas y a principios de 2016 Bankia decidió devolver 1.500 millones de euros (unos 1.600 millones de dólares al cambio actual) a cerca de 200.000 pequeños inversores que compraron acciones en su salida a bolsa, para frenar las demandas.
Los accionistas habían demandado al banco por el desfase comprobado entre las cifras del folleto informativo de salida a bolsa y la situación económica real de la entidad.
Tras la decisión adoptada hoy por el juez encargado del caso, los ocho exaltos cargos se incorporarán como investigados a una causa en la que figuran una treintena de personas, como Rato, su número dos, el exvicepresidente de Bankia, José Luis Olivas, y la consultora Deloitte, encargada de auditar las cuentas supuestamente "falseadas".
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