La Justicia argentina dictó hoy el sobreseimiento de la nonagenaria hermana Alba, una de las religiosas que habitaba el convento donde fue detenido el ex secretario de Obras Públicas José López con casi US$ 9 millones, por considerarla "inimputable", informaron fuentes judiciales.
El juez Daniel Rafecas, encargado de la causa que investiga los hechos por un presunto delito de enriquecimiento ilícito de López, emitió su fallo después de que dos equipos médicos llegasen a la conclusión de que la religiosa (no consagrada) "tiene demencia senil moderada y no puede enfrentar un proceso penal".
"Hubo un primer informe de tres médicos que dijeron que no podía enfrentar un proceso penal por demencia. El fiscal ante ello pidió una junta médica, a lo que accedí, y así esta junta médica (tres médicos forenses diferentes) llegaron a la misma conclusión", explicó Rafecas.
"Con el dictamen entonces de estos 6 médicos ahora se dispuso lo que establece la ley: se la declaró inimputable por el artículo 335 inciso 5 del Código Procesal. No esperamos apelaciones", prosiguió el magistrado.
José López, secretario de Obras Públicas de los gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015), está en prisión preventiva desde el 14 de junio cuando fue detenido "in fraganti" al intentar introducir US$ 8,9 millones en el monasterio Nuestra Señora de Fátima, en la localidad bonaerense de General Rodríguez.
El monasterio estaba habitado por religiosas no ordenadas por la Iglesia católica y estaba supuestamente dirigido por la hermana Alba, una laica consagrada nonagenaria que desde el comienzo del caso fue declarada no apta para declarar.
El fiscal del caso, Federico Delgado, pidió nuevos exámenes para certificar si se le podía o no imputar alguna responsabilidad penal ya que, según su investigación, el monasterio funcionaba de una manera sospechosa y no se sabe a ciencia cierta quién y cómo lo manejaba.
López permanece en prisión y se le investiga también por presunto reparto discrecional de los fondos de la cartera para la que trabajaba, así como por presuntos sobreprecios y beneficios para empresas en las licitaciones de obra pública.
En las elecciones del pasado diciembre había sido elegido diputado del Parlasur por Argentina pero a comienzos de agosto, tras el escándalo desatado por la detención, fue despojado de su banca.
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