El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú envió ayer a Estados Unidos las versiones físicas y digitales de la documentación complementaria requerida por el Departamento de Justicia de ese país para sustentar el pedido de extradición contra el ex presidente Alejandro Toledo.
Así, entre el lunes y martes de la próxima semana la Justicia estadounidense debe resolver si la solicitud está bien sustentada, de acuerdo a sus normas, antes de derivarla a un juez de California quien deberá ordenar la detención del líder de Perú Posible, dando paso a la extradición.
La medida, entonces, podría dictarse precisamente cuando el presidente Pedro Pablo Kuczynski arribe a EEUU donde se reunirá con su homólogo, Donald Trump.
En tanto, la procuraduría ad hoc encargada de revisar el caso planteará a la Fiscalía de Perú solicitar una reparación civil de más de 200 millones de soles
(US$ 61,6 millones) por los delitos en los que habría incurrido Toledo, acusado de recibir US$ 20 millones en sobornos por parte de Odebrecht, para ganar la licitación de la construcción de la autopista Interoceánica Sur.
Avanza la investigación
Mientras, en Perú siguen las investigaciones. Ayer declaró ante la fiscalía, en carácter de testigo, el ex jefe de Estado Alan García, quien negó estar envuelto en hechos irregulares que se hayan cometido durante su segunda gestión.
“A mí no me metan en la pandilla de los ex presidentes”, reclamó García para distanciarse de los ex mandatarios Alberto Fujimori –condenado por corrupción– y Toledo. “Puedo garantizar que no tenía ningún conocimiento ni nada que ver con eso”, aseguró.
Además, dijo que se sintió avergonzado por las acusaciones contra el ex viceministro de Comunicaciones de su administración, Jorge Cuba, y lo desligó de los pagos de sobornos de la constructora brasileña a cambio de beneficiarla con la licitación de la línea 1 del metro de Lima.
Fiscales en Brasil
Desde ayer, los fiscales generales de once países de la región comenzaron a intercambiar información en Brasil sobre el escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, que reveló un sinfín de ilegalidades de políticos de tres continentes.
La escala de los sobornos a funcionarios públicos a cambio de obras y de medidas parlamentarias que orquestó el gigantesco grupo llevó a muchos gobiernos a solicitar información a la fiscalía brasileña, que los convocó para un inusual encuentro de dos días.
Así, representantes de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Portugal, Perú, República Dominicana y Venezuela, se dieron cita en Brasilia para recabar información sobre el caso. Mozambique, Antigua y Barbuda, El Salvador y Guatemala fueron los grandes ausentes.
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