La crisis brasileña se adentró hoy en una nueva y confusa fase, con la decisión de un juez de la Corte Suprema que ordenó tramitar un juicio político contra el vicepresidente Michel Temer, tal como ya ocurre con la mandataria Dilma Rousseff.
La decisión fue adoptada por el magistrado Marco Aurelio Mello mediante una medida cautelar, que aún puede ser apelada pero que de momento deja a los dos más altos cargos de la República al borde de responder a sendos juicios con fines de destitución.
La línea de sucesión del Estado brasileño da una dimensión de la naturaleza y gravedad de la crisis en que se ha sumergido el país, sobre todo frente a la posibilidad de que prosperen los eventuales procesos contra Rousseff y su vicepresidente.
Temer es el segundo en esa línea y ahora pudiera ser destituido junto con Rousseff, pero el tercero es el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, quien responde a un proceso en la Corte Suprema por corrupción asociada al escándalo de Petrobras.
El cuarto sería el presidente del Senado, Renán Calheiros, pero también es investigado por la corrupción petrolera, lo que pudiera dejarlo en la cuneta y abrir las puertas para una transición, con el presidente del Supremo, Ricardo Lewandowski, al frente del país.
El magistrado Mello aceptó una demanda presentada por el abogado Mariel Márley Marra, que presentó la acción contra Temer el pasado diciembre ante la Cámara de Diputados, que ese mismo mes aceptó iniciar los trámites para el posible juicio a Rousseff pero negó la denuncia contra el vicepresidente.
Según esa acción, Temer habría incurrido en el mismo "delito de responsabilidad" que Rousseff al firmar algunos de los decretos que facilitaron unas maniobras contables para maquillar los resultados del Gobierno en los últimos dos años.
Mello explicó que su sentencia "no emite juicios en relación a la conducta del vicepresidente de la República", pero consideró que el presidente de la Cámara baja "no atendió la debida formalidad legal" al rechazar una demanda y aceptar otra.
En ese marco, determinó que se instale una comisión especial en la Cámara de Diputados, similar a la ya designada para analizar la acusación contra Rousseff, pero centrada en el vicepresidente.
Temer tiene las relaciones con la mandataria congeladas, sobre todo después de que el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que él preside, anunció la semana pasada su ruptura con el Gobierno.
Antes de conocerse la decisión judicial, Temer anunció hoy que se ha "licenciado" de la presidencia del PMDB, que ejercerá el senador Romero Jucá, abiertamente favorable a la destitución de Rousseff.
En medio del monumental enredo político del país, hay voces que han comenzado a alentar la posibilidad de adelantar las elecciones presidenciales, previstas para octubre de 2018.
El senador Valdir Raupp, del PMDB y muy cercano a Temer, le dio forma oficial a esa propuesta este lunes, al presentar un proyecto de reforma constitucional que plantea unas nuevas elecciones para octubre próximo, junto con los comicios municipales ya previstos.
Según Raupp, supondría una manera de "pacificar" el enconado clima político del país. "No sería una renuncia de la presidenta", exigida por vastos sectores de la sociedad, ni tampoco un juicio político, consideró.
Esa propuesta también es promocionada por la ecologista Marina Silva, quien quedó en tercer lugar en las elecciones de 2010 y 2014, ambas ganadas por Rousseff.
"Ni Dilma ni Temer. Una nueva elección es la solución", declaró Silva en un acto celebrado hoy en Brasilia, en el que confió en que la justicia electoral confirme que hubo diversas irregularidades en la campaña de esa fórmula en 2014, anule los comicios y convoque otros.
Rousseff declinó hace comentarios sobre esas propuestas durante una breve conferencia de prensa en la que prefirió ironizar sobre el asunto.
"No acepto ni rechazo propuestas, pero que convenzan a todos los diputados y senadores a dejar sus mandatos este año", dijo Rousseff.
Sin embargo, aclaró que los comicios presidenciales fueron en 2014 y que ella fue reelegida para un nuevo mandato de cuatro años, al que no piensa renunciar.
La mandataria también insistió en calificar de "golpe" los intentos de la oposición de desalojarla del poder por la vía del juicio político, ya que, en su opinión, no existen razones jurídicas que justifiquen ese extremo.
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