Seguidores del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela irrumpieron ayer en la sede de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, dejando al menos doce personas heridas, según reportes de algunos medios, entre ellas diputados, trabajadores del recinto y periodistas.
El grupo, vinculado a los llamados “colectivos”, ingresó de forma violenta en el Parlamento al término de una sesión especial por el Día de la Independencia y atacó a los legisladores con objetos contundentes.
“Entraron armados, disparando, entraron con piedras, con palos, atracaron a una cantidad de personas”, dijo el diputado opositor Tomás Guanipa, quien mostró casquillos de armas de fuego que habrían sido detonadas dentro de la sede.
Por su parte, Armando Armas, representante de la bancada opositora y quien quedó con el rostro cubierto de sangre tras el asalto, aseguró que el hecho no va a impedir el trabajo de los parlamentarios. “Hay casi 100 jóvenes que han muerto por esta situación, unos golpes no son nada. Vamos a defender a Venezuela (...) Cueste lo que nos cueste seguiremos”, dijo.
Sube la tensión
El asedio –que eleva las tensiones al máximo en una nación que ha estado sumida en protestas diarias desde abril con un saldo de al menos 90 personas fallecidas– se mantuvo por más de ocho horas en las zonas aledañas al Legislativo.
Los colectivos se plantaron en las puertas del lugar, ubicado en el centro de Caracas, dejando a más de 350 personas prácticamente secuestradas.
A pesar de lo ocurrido, los parlamentarios lograron aprobar la convocatoria a una consulta popular para el 16 de julio que buscará frenar la Asamblea Constituyente promovida por el jefe de Estado y preguntar a los ciudadanos si quieren adelantar los comicios presidenciales previstos para fines de 2018.
Reacción internacional
Lo ocurrido ayer fue repudiado por los gobiernos de Colombia, Argentina, México, Panamá y España, así como por el presidente del Parlamento Europeo Antonio Tajani, mientras que el presidente Nicolás Maduro ordenaba que se iniciara una investigación por considerar los hechos como “extraños”.
El Ministerio Público comisionó a los fiscales que se encargarán de las pesquisas, en medio de señalamientos y acusaciones sobre los posibles responsables.
Legisladores aseguraron que el episodio pudo ser evitado por miembros de la Guardia Nacional que deben resguardar la seguridad del recinto mientras que Oswaldo Rivero, conductor de un programa de televisión en el canal del Estado, asumió la autoría del ataque.
El comunicador hizo un llamado a los diferentes movimientos sociales a que se unan a lo que él consideró como una “protesta” espontánea en defensa del gobierno.
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