El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, presentó el jueves un proyecto de presupuesto de US$ 6,9 billones, una desafiante apertura inicial en las negociaciones con los republicanos del Congreso sobre el techo de la deuda y la financiación del Gobierno.
La propuesta, que con toda seguridad será rechazada por la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, se muestra poco proclive al compromiso y pide a los legisladores que refuercen la red de seguridad social mediante una serie de nuevos impuestos sobre los ricos y las empresas.
La propuesta de Biden aumentaría la financiación de una serie de programas gubernamentales, ampliando la solvencia de Medicare, reduciendo los precios de los medicamentos con receta y recortando el déficit en US$ 3 billones durante la próxima década.
"Les garantizo que protegeré la Seguridad Social y Medicare sin ningún cambio", dijo Biden el jueves en un evento en Philadelphia. "No permitiré que sea destripada o eliminada como algunos republicanos MAGA amenazaron con hacer".
"Mi presupuesto no recortará los beneficios, y definitivamente no pondrá fin a los programas", agregó.
Aun así, el déficit en 2024 aumentaría de US$ 1,6 a US$ 1,8 billones, y la deuda federal bruta se elevaría a US$ 51 billones al cabo de una década. En un año en el que los líderes del Partido Republicano han dicho que perseguirían al menos US$ 150.000 millones en recortes de gastos y se negarían a subir los impuestos, Biden propone en cambio añadir US$ 77.000 millones en gastos de defensa y no relacionados con la defensa y aumentar los impuestos en US$ 5,5 billones durante la próxima década.
El abismo entre los partidos puso de relieve el tópico de que los presupuestos presidenciales son listas de deseos que no llegan a buen puerto, con escasas implicaciones prácticas. Pero la edición de este año -con el telón de fondo de las próximas batallas legislativas que podrían sacudir los mercados y devastar la frágil recuperación pospandémica del país- tuvo una importancia desmesurada como indicador de cómo abordaría la Casa Blanca las próximas batallas.
Los asesores de la Casa Blanca estaban ansiosos por contrastar la visión del presidente con la de los republicanos del Congreso, cuya propia propuesta, que se dará a conocer esta primavera, se espera que incluya profundos recortes en los programas federales, incluidos los subsidios sanitarios y las prestaciones para los pobres.
Pero el planteamiento es una apuesta arriesgada para el presidente. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió el miércoles a los legisladores del riesgo de consecuencias "extraordinariamente adversas" si no logran elevar el techo de deuda de US$ 31,4 billones este verano.
Impuestos a multimillonarios
La solicitud presupuestaria de Biden al Congreso contempla un impuesto mínimo del 25% para los multimillonarios, según un funcionario de la Casa Blanca familiarizado con la propuesta que declinó ser nombrado porque el plan aún no es público. El plan también duplicaría prácticamente el tipo impositivo sobre las plusvalías de las inversiones, que pasaría del 20% al 39,6%, y aumentaría los impuestos sobre la renta de las empresas y los estadounidenses ricos.
La propuesta, que es en gran medida una repetición del multimillonario paquete económico Build Back Better de Biden, tiene pocas posibilidades de ser aprobada por el Congreso, sobre todo ahora que los republicanos controlan la Cámara de Representantes. Biden fue incapaz de aprobar subidas de impuestos similares cuando los demócratas controlaban ambas cámaras del Congreso, y en su lugar se conformó con una legislación reducida centrada en la política energética y sanitaria conocida como Ley de Reducción de la Inflación.
Pero la propuesta de la Casa Blanca prefigura tanto la estrategia de los demócratas de cara a las negociaciones sobre el techo de la deuda y el gasto público que tendrán lugar este año, como la plataforma económica en la que se basará la campaña de reelección de Biden.
Los funcionarios de la Administración argumentan que las propuestas muestran un compromiso con el recorte del déficit -proyectando que el presupuesto de Biden recortaría US$ 3 billones en gran medida a través de mayores ingresos durante la próxima década- y representan un retorno políticamente popular a los niveles impositivos vigentes antes de la legislación de reforma fiscal del ex presidente Donald Trump. Los impuestos a los ricos y las grandes corporaciones han sido un grito de guerra para los progresistas durante años y las encuestas muestran repetidamente que son favorecidos por la mayoría de los estadounidenses.
El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, rechazó de inmediato los planes de Biden para aumentar los gravámenes, diciendo a los periodistas el miércoles: "No creo que subir los impuestos sea la respuesta."
La propuesta de Biden exigiría que el 0,01% más rico de los estadounidenses pagara al menos un tipo impositivo del 25%. También aumentaría la tasa impositiva máxima para los estadounidenses que ganan US$ 400.000 al 39,6% desde el 37%, revirtiendo uno de los recortes de impuestos de Trump - aunque las tasas impositivas para los que ganan por debajo de esa cantidad permanecerían intactas. Además, pide que los inversores que ganen al menos un millón de dólares paguen ese 39,6% sobre sus inversiones a largo plazo, que actualmente tributan a un tipo del 20%.
La propuesta aumentaría el tipo del impuesto de sociedades del 21% al 28%, deshaciendo otro cambio fiscal emblemático de Trump. También eliminaría una laguna jurídica que los empresarios y las personas con mayores ingresos pueden explotar para evitar pagar gravámenes para el Fondo Fiduciario del Seguro Hospitalario de Medicare sobre una mayor parte de sus ingresos. Hasta ahora, los funcionarios de la Casa Blanca no han indicado que el presupuesto de Biden incluya nuevos impuestos sobre la nómina de la Seguridad Social sobre los salarios superiores a US$ 400.000, que algunos demócratas han propuesto para apuntalar el programa.
Medidas para capital riesgo y cripto
En su próxima propuesta presupuestaria, Biden también pide que se ponga fin a las valiosas exenciones fiscales específicas del sector para los gestores de fondos de capital riesgo, las compañías petroleras y los inversores en criptomonedas y bienes inmuebles, según un resumen del plan. La eliminación de estas exenciones pondría patas arriba la economía de muchas operaciones inmobiliarias y de fondos de inversión -obligando a Wall Street a reinventar la forma en que se han realizado muchas transacciones durante décadas- si se convirtieran en ley.
Biden propone eliminar la desgravación fiscal de los intereses transferidos, que permite a los gestores de fondos de capital riesgo pagar tipos más bajos por los beneficios de las inversiones que realizan.
El plan de Biden también pone fin a una antigua exención fiscal para los inversores inmobiliarios que pueden evitar pagar impuestos sobre las plusvalías de sus beneficios si siguen invirtiendo los ingresos en otras propiedades.
La Administración también quiere poner fin a una exención que permite a los criptoinversores vender sus activos con pérdidas -lo que genera un gran ahorro fiscal- y recomprarlos inmediatamente.
Además, se pondría fin a todas las preferencias fiscales especiales para las compañías de petróleo y gas, lo que supondría un ahorro de US$ 31.000 millones.
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