“Para Chile, como país que mira al mar, es clave la implementación del BBNJ para proteger nuestros océanos en alta mar. En ese contexto, impulsar la candidatura de Valparaíso como sede de su secretaría es parte del compromiso asumido por este gobierno, como una política de Estado. Chile no solo tiene las condiciones necesarias para enfrentar este desafío, sino que su historia de contribuciones al derecho del mar lo avala”, afirmó el mandatario.
Más conocido como el Tratado de Alta Mar, este acuerdo internacional, bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (Convemar), se encarga de la protección y la regulación del uso de la biodiversidad de aquellas zonas oceánicas que están fuera de jurisdicción de cualquier país, las cuales representan casi el 64% de la superficie y el 95% del volumen oceánico mundial.
Son cuatro los pilares centrales de este tratado. El primero se enfoca en regular el acceso, la comercialización y la distribución de beneficios de recursos genéticos marinos (MGR), –como enzimas de krill o genes de algas– utilizados principalmente para desarrollar medicamentos, fabricar cosméticos y mejorar la sostenibilidad de la acuicultura y pesca, entre otros.
En la COP1 de enero de 2027, los Estados miembros definirán la sede de la secretaría por consenso o, en su defecto, por mayoría de dos tercios.
El tratado también establece Mecanismos de Gestión Basados en Áreas (ABMT, su sigla en inglés), los cuales facultan a la Conferencia de las Partes (COP) del BBNJ para crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales, restringiendo actividades humanas dañinas en zonas de alta vulnerabilidad.
El tercer punto obliga a los Estados a realizar evaluaciones de impacto ambiental exhaustivas antes de autorizar actividades en alta mar que puedan contaminar o provocar cambios nocivos en el entorno.
La creación de capacidades y la transferencia de tecnología marina constituyen el cuarto pilar, que tiene como meta fomentar la cooperación internacional para apoyar a los países en desarrollo, facilitando su acceso a datos, infraestructura de investigación y tecnologías marinas avanzadas.
Las ofertas de sede
La secretaría de un tratado es un órgano administrativo y logístico que asiste a los Estados miembros de la Conferencia de las Partes en la implementación de los acuerdos, organizando reuniones y difundiendo información. Hasta la fecha, el acuerdo cuenta con 101 ratificaciones de países como Alemania, Australia, Canadá y Francia.
La sede permanente de esta secretaría se definirá durante la primera COP, que se realizará entre el 11 y el 22 de enero de 2027 en la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Allí, los países que forman parte del acuerdo escogerán entre las candidaturas en competencia.
El procedimiento contempla primero buscar un consenso y, si este no se alcanza, realizar una votación secreta. La candidatura ganadora deberá obtener dos tercios de los votos; de no lograrlos, se realizarán rondas sucesivas eliminando la opción menos votada hasta alcanzar esa mayoría.
Chile fue el primer país en manifestar sus intenciones de transformarse en sede, en 2023. La oferta presentada contempla al Parque Barón de Valparaíso como emplazamiento para las oficinas, un edificio que dispondría de cerca de 11 mil metros cuadrados de espacio.
De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la propuesta de Chile se basa en tres aspectos. El primero corresponde a la “tradición oceánica” nacional, dadas sus contribuciones a la conservación y derecho internacional del mar.
A comienzos de 2026, Chile logró proteger el 54% de su Zona Económica Exclusiva (ZEE), abarcando más de 940 mil kilómetros cuadrados de océano bajo resguardo estricto o total y situándose entre los cuatro países –junto con Francia, Palaos y el Reino Unido– con mayor porcentaje de área marítima en conservación.
Este porcentaje sobrepasa la meta 30x30 adoptada en 2022 por más de 190 países en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal de la ONU, cuyo objetivo es proteger al menos el 30% de la superficie de los océanos para el año 2030.
Los otros puntos en los que se apoya la candidatura son los estándares internacionales con garantías de inclusión y transparencia y, por último, que esta secretaría sea la primera sede de las Naciones Unidas con membresía universal en América Latina.
Uno de sus competidores es Bruselas. Pese a no tener salida al mar, Bélgica propuso su capital argumentando que alberga a más de 40 organizaciones internacionales –como la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT)– y a gran parte del gobierno de la Unión Europea. El país, además, ofreció cubrir los gastos de oficina durante los primeros cinco años y donar US$ 70 mil al Fondo Fiduciario BBNJ.
Se suma a la contienda la ciudad china de Xiamen. La potencia asiática ofreció un edificio de 15 pisos y dos villas de lujo listos para operar como oficinas y alojamiento. En línea con lo ofertado por los belgas, puso sobre la mesa cubrir los gastos de servicios públicos durante los primeros cinco años y realizar un aporte por US$ 3 millones al fondo fiduciario.
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