Madrid
La policía nacional paramilitar de España registró ayer la sede principal del gobierno catalán en Barcelona, en la más reciente ofensiva contra el propuesto referéndum independentista, calendarizado para menos de dos semanas más.
En una medida que aumenta las tensiones en medio de una de las peores crisis políticas en la historia moderna de España, la Guardia Civil registró los departamentos del gobierno y detuvo a al menos trece funcionarios catalanes.
Entre los detenidos estuvo Josep Maria Jové, secretario general de vicepresidencia catalana, según informó el gobierno de la región, mientras que los oficiales también confiscaron alrededor de 10 millones de papeletas que deberían ser usadas en la votación de 1 de octubre.
Eso llevó a Carles Puigdemont, el presidente catalán, de señalar que el gobierno español “de facto suspendió” leyes domésticas en la provincia, mientras que Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, llamó a los ciudadanos a tomar las calles en protesta.
“Condenamos y rechazamos la actitud antidemocrática y totalitaria del Estado de España. Ha cruzado la línea roja que lo separa de los regímenes represivos”, dijo Puigdemont en una conferencia de prensa en Barcelona.
Madrid endurece el tono
Mariano Rajoy, jefe del gobierno español, señaló al parlamento nacional ayer que“el gobierno está haciendo lo que tiene que hacer. Y seguiremos haciéndolo hasta el final”.
“Es una operación judicial que se está haciendo para garantizar que la ley sea respetada”, agregó.
Las autoridades españolas han buscado elevar presión sobre el estado catalán ad portas de la votación planificada, que fue declarada ilegal por las cortes españolas. El gobierno español ha prometido que no habrá comicios.
El martes, la policía registró las oficinas de la empresa privada más grande de España de envíos, Unipost, y confiscó más de 45 mil sobres que el gobierno catalán iba a mandar para notificar las personas sobre el referéndum.
El fin de semana, la Guardia Civil del país confiscó más de 1,3 millón de pósteres, folletos y panfletos pro-independentistas. La semana pasada, el gobierno aumentó su control sobre las finanzas de Cataluña, en un intento de evitar que el dinero público sea gastado en el referéndum.
La policía también ha amenazado con acciones legales contra las personas que organizan la votación, incluyendo los alcaldes, políticos y hasta los que ayudan en los centros electorales. Pero los primeros arrestos se concretaron ayer.
Rechazo de los partidos
Después de los allanamientos, cientos de protestantes se reunieron en Barcelona, muchos de ellos con banderas rojas y amarillas de Cataluña, mientras que algunos partidos políticos condenaron la decisión.
El izquierdista Podemos dijo: “Es inaceptable que haya prisioneros políticos en la democracia europea. Partido Popular nos lleva al regreso totalitario que no puede ser tolerado”.
Ada Colau, alcalde de Barcelona, también se pronunció en contra de la operación policial, diciendo en un tuit que es un “escándalo democrático”.
El club de fútbol Barcelona criticó al gobierno por oponerse al derecho de Cataluña de votar, expresando que condena “cualquier acto que pueda impedir el ejercicio libre de este derecho”.
Alfonso Dastis, ministro del Exterior español, acusó el martes a los separatistas de usar la táctica nazi después de que ellos colgaran los pósteres de campaña con imágenes de alcaldes locales que se han negado a ayudar con la votación.
El Partido Socialista de España esa semana también dijo que ya no descarta el uso de sección 155 de la Constitución, que de hecho terminaría con auto-gobernación de la región nororiental.
De ser aplicada la sección 155, descrita por muchos como una “opción nuclear” del gabinete, el gobierno central estará libre de adoptar las “medidas necesarias” para obligar a las autoridades regionales de obedecer a la ley.
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