Una entrega de carne podrida no debería causar la reactivación de una guerra que ya ha durado 52 años y ha matado a más de 250.000 personas. Pero en Colombia, el tema muestra cómo la implementación de un acuerdo de paz negociado minuciosamente con los rebeldes marxistas de las FARC podría resultar tan difícil como las negociaciones que tuvieron lugar en Cuba.
Mientras los rebeldes se reunían este mes esperando ser trasladados a los campamentos para su desarme, los comandantes de las FARC propusieron que podían comprar y matar su propio ganado para alimentar a sus tropas. El gobierno replicó que, como ahora son ciudadanos legales, sólo deberían comer carne de vacuno estampada por la autoridad nacional de alimentos y drogas.
Cuando la carne llegó a las sabanas poco accesibles de la selva del sur de Colombia, se había podrido. Los rebeldes se sintieron indignados y engañados por un estado contra el que habían combatido durante más de cinco décadas. “Éstos son problemas que me preocupan mucho”, confesó Humberto de la Calle, el principal negociador de paz del gobierno.
“No tengo ninguna duda de la voluntad del gobierno de cumplir con los acuerdos, pero muchas veces hemos visto que los propósitos se enredan en los mecanismos burocráticos. En el primer año, el acuerdo de paz podría romperse debido a este tipo de cosas “, agregó.
Jonathan Powell, funcionario británico que dirigió las conversaciones de paz del Viernes Santo en Irlanda del Norte y también asesoró al gobierno de Colombia, coincide: “La mayoría de los acuerdos fallan durante la fase de implementación, al intentar hacer que la gente cumpla lo que prometió hacer. La gente subestima lo difícil que será la implementación en un país muy violento, muy grande, y geográficamente desafiante”.
El acuerdo de paz superó un obstáculo clave este mes cuando la Corte Constitucional de Colombia dictaminó en favor de un plan “acelerado” para implementarlo. El Congreso, que ratificó controversialmente un acuerdo de paz revisado después de que el tratado original fuera rechazado en un plebiscito, ahora puede solicitar la aprobación acelerada de las leyes relacionadas con los acuerdos.
El presidente de la república, Juan Manuel Santos, quien en diciembre hizo una gira europea para obtener apoyo y financiamiento para el post-conflicto, dijo que Colombia tiene ahora “todos los instrumentos legales” necesarios para la implementación del acuerdo de paz.
A pesar de la tradición legalista de Colombia, en medio de una creciente polarización política derivada del esfuerzo por la paz, esto puede no ser suficiente.
El popular ex presidente Álvaro Uribe continúa su acalorada campaña contra el acuerdo de paz. Él y sus seguidores detestan la idea de que los guerrilleros que cometieron atrocidades ahora puedan disfrutar de clemencia judicial y participar en la política.
El Vaticano, que negoció la distensión entre EEUU y Cuba, pero que ha tenido dificultades para lograr la paz en Venezuela, está promoviendo un dialogo entre Santos y Uribe. El Papa Francisco se sentó recientemente con ambos en la Santa Sede y habló sobre la “cultura del encuentro”.
No obstante, el partido de Uribe tiene una plataforma sólida para recuperar la presidencia en 2018 y, potencialmente, podría revertir los acuerdos logrados con los “terroristas”, por lo que es poco probable que ceda.
Si los críticos del acuerdo toman posesión, advirtió De la Calle, tendrán “una gran responsabilidad política y moral” a la cual atenerse. “Será una perfidia si el estado firma ahora un acuerdo, desarma un grupo rebelde, pero luego falla en cumplirlo. Los principios y el espíritu del acuerdo no pueden ser derogados”, sostuvo.
Mientras tanto, hay preocupaciones apremiantes. Desde el rechazo del primer acuerdo, los asesinatos de líderes sociales alineados con la izquierda han aumentado, trayendo ecos de masacres pasadas.
La ONU, que monitoreará la desmovilización de las FARC, advirtió la semana pasada que “a medida que las guerrillas de las FARC abandonen áreas que tradicionalmente estaban bajo su control, en las que el Estado aún no ha intervenido completamente, se creará un vacío de poder” que podrían aprovechar otros grupos armados.
Los altos comandantes de las FARC se preocupan de que los retrasos en la implementación del acuerdo de paz puedan conducir a la creación de nuevos grupos disidentes dentro de sus filas. Este mes, expulsaron a cinco comandantes por negarse a entregar sus armas y convertirse en un partido político desarmado. Estos grupos podrían fácilmente convertirse en bandas de narcotraficantes.
Sergio Jaramillo, comisionado de paz de Colombia, dice que la nación tiene que avanzar rápidamente en tres frentes.
“Uno es asegurarse de que las FARC se trasladen a las áreas de acantonamiento, para que comiencen a dejar sus armas”, dijo. “En segundo lugar, necesitamos asegurarnos de que comencemos a producir resultados rápidos para que la gente en áreas conflictivas vea que la paz significa algo; que no es sólo una negociación que tuvo lugar en La Habana. En tercer lugar, tenemos que aporbar una serie de proyectos de ley críticos por el Congreso para tener garantías, especialmente para los grupos de las FARC que están nerviosos”. El arquitecto del acuerdo de paz dijo que los próximos seis meses son importantes. “Cuanto más larga sea la implementación, más grandes serán los riesgos”, señaló Jaramillo.
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