Los abogados, ingenieros civiles y farmacéuticos están organizando huelgas en Grecia para protestar contra la desregulación de las profesiones protegidas, bajo los términos del rescate que recibió el gobierno por 110.000 millones de euros (US$ 148.100 millones).
Las manifestaciones comenzaron ayer luego de que el ministro de Finanzas, George Papaconstantinou, revelara un proyecto de ley para liberalizar cerca de 150 sectores protegidos, desde choferes de taxi y vendedores callejeros hasta auditores y arquitectos.
La dificultad para aplicar las reformas acordadas con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional ha estado marcada por huelgas y protestas que en ocasiones se han vuelto violentas.
El gobierno socialista ha cumplido los objetivos fiscales tras recortar el déficit de presupuesto el año pasado en un récord de seis puntos porcentuales del PIB. Las reformas estructurales han resultado ser más difíciles de implementar de lo esperado a medida que combativos grupos de interés luchan por proteger sus privilegios.
Las apuestas están subiendo después de un retraso de cuatro meses en preparar la legislación para los negocios cerrados, vista como una reforma clave en el primer trimestre.
Si la legislación no es aprobada por el parlamento a fines del próximo mes, Grecia arriesga un retraso en el desembolso de su próximo tramo de US$ 20.000 millones del préstamo, necesario para repagar deuda que vence en el segundo trimestre.
La resistencia a la liberalización es fuerte, pese a las encuestas de opinión que muestran que más de 70% de los griegos cree que las reformas de salud y servicios legales debían haberse implementado hace tiempo.
Las reformas eliminaría un margen de ganancia garantizado de 35% desde los farmaceúticos hasta los abogados. Las profesiones de negocios cerrados se han defendido de anteriores reformas gracias a su influencia con líderes políticos, de acuerdo a los analistas, pero esta vez es diferente. Siguiendo recortes de salarios que promedian más de 25% para trabajadores civiles y empleados de empresas del sector público, los farmaceúticos y los abogados -entre los profesionales griegos mejor remunerados- no pueden seguir esperando un tratamiento especial.
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