Nieva regularmente cada tarde durante las festividades en The Grove, un elegante centro comercial al aire libre en el vecindario de Fairfax en Los Ángeles. Cientos de personas asisten a los espectáculos nocturnos, en lo más parecido a una blanca Navidad que quizás podrá vivir el centro de LA.
Este año, los personajes navideños tendrán más compañía de lo habitual ya que el propietario, Rick Caruso, redobló la presencia de seguridad en el concurrido centro, con policías fuera de servicio e incluso miembros del equipo de fuerzas especiales.
El refuerzo viene luego de una ola de robos de la modalidad "romper y agarrar" en LA y a lo largo de todo Estados Unidos, incluyendo un intento de robo en una tienda de Nordstrom a fines de noviembre en The Grove. Unos 20 sospechosos usaron martillos para intentar atravesar las ventanas del minorista, pero fueron obstaculizados por la cobertura anti-balas que Caruso instaló para reforzar el vidrio. Tres personas fueron arrestadas.
"Es una demostración de fuerza muy sana", sostiene Caruso, el promotor inmobiliario dueño de The Grove. Dice que ha entrenado a los oficiales para verse amigables y así no estropear el espíritu navideño.
Otros retailers no han tenido la suerte de repeler a las bandas organizadas. En una tienda de Luis Vuitton en Oak Brook, Illinois, catorce personas llenaron grandes bolsas plástico con ropa y otros productos por valor de más de US$ 120 mil en noviembre. En California, las autoridades hace poco recuperaron US$ 8 millones en mercadería robada a CVS, Target y Walgreens, junto con US$ 85 mil en efectivo y aproximadamente US$ 2 millones de cuentas bancarias. Walgreens está cerrando cinco farmacias en San Francisco porque los robos allá son cinco veces más frecuentes que el promedio en el resto del país.
Esta ola de robos descarados estilo turbas ha amplificado las presiones sobre minoristas ya complicados por los problemas en la cadena logística y la explosión de compras en línea inducida por la pandemia. Ha intensificado un acalorado debate nacional sobre las leyes de vigilancia policial e imposición de penas en EEUU. Y según empresarios, ha aterrorizado a sus empleados.
"Puedes ver la presión en nuestras finanzas", dijo Corie Barry, director ejecutivo de Best Buy, a algunos analistas el mes pasado. "Más importante, francamente, es que puedes ver esa presión con nuestros asociados. Esto es traumatizante para nuestros asociados y resulta inaceptable".
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Presiones al Congreso
Una encuesta de la Federación Nacional de Minoristas realizada en agosto muestra que 57% de sus miembros ha visto un incremento del crimen organizado en el retail durante la pandemia, y casi dos tercios atestigua que las bandas se han vuelto más violentas que en años previos.
La lista de razones para este aumento es variada, incluyendo vigilancia, cambios en las pautas de sentencia y el crecimiento de los mercados en línea. También lo es la lista de los artículos más robados, encabezada por ropa de diseñador, detergente para ropa, carteras y antialérgicos.
El jueves, los jefes de 20 minoristas, incluyendo a CVS, Home Depot y Target, escribieron a las autoridades del Congreso para instarlos a actuar. "Las redes criminales y las empresas sin escrúpulos se han aprovechado de un sistema que protege su anonimato para vender productos inseguros, robados o falsificados con pocos recursos legales", advirtieron.
Específicamente, los minoristas quieren que el Congreso tome medidas drásticas contra los mercados online -incluyendo a los que operan eBay y Amazon-, donde los ladrones pueden proteger los bienes robados. Es por ello que pidieron a la Cámara y al Senado aprobar la Ley de Integridad, Notificación y Equidad en los Mercados Minoristas en Línea para Consumidores.
El proyecto bipartidista, conocido como Inform Consumers Act, obligaría a los sitios de reventa de terceros a verificar la identidad, datos bancarios e información de contacto de cualquier vendedor de "gran volumen" que comercialice más de 200 productos o más de US$ 5.000 anuales en bienes.
Los directores ejecutivos minoristas admitieron, sin embargo, que "no hay una respuesta simple" a esta ola de delincuencia, que los expertos de la industria también atribuye a la dotación policial, las dislocaciones sociales como la epidemia de opioides y los cambios de la era pandémica que han visto la liberación de pequeños delincuentes en algún momento detenidos esperando una fianza.
Tony Sheppard, director de soluciones de prevención de pérdidas en ThinkLP, que vende software a minoristas, considera que la mayoría de los fiscales del distrito aún tratan el crimen organizado en el retail como hurto menor, lo que disuade poco a posibles infractores. "El desafío es educar a las personas, las fuerzas del orden y los fiscales para diferenciar entre ambos, y asegurar que quien incurra en el crimen minorista organizado sea perseguido de manera muy diferente a alguien que solo está robando una tienda".
Propuesta 47
Los funcionarios locales están divididos sobre cuál sería la mejor respuesta al problema. Lori Lightfoot, alcaldesa de Chicago, dijo estar "decepcionada" de que algunas tiendas en Avenida Michigan no estaban esforzándose más por emplear agentes de seguridad, cerrar con llave la mercadería por la noche y encadenar bolsos de alta gama.
Pero Caruso, el promotor inmobiliario, argumenta que contratar guardias de seguridad adicionales pone aún más presión sobre los pequeños retailers que luchan con mayores costos laborales y problemas de suministro.
Culpa a las medidas que se tomaron para reducir las sentencias por delitos no violentos, específicamente la innovadora Propuesta 47 de California. La ley de 2014 reclasificó algunos delitos de robo y posesión de drogas, que pasaron de ser delitos graves a convertirse en delitos menores, lo que significa que el peor castigo solo se aplica cuando el robo de mercadería vale más de US$ 950.
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Caruso, que se desempeñó como presidente de la Comisión de Policía de Los Ángeles y ha sido mencionado como un posible candidato a alcalde en la elección del próximo año, afirma que la Propuesta 47 era "bien intencionada" pero fracasó. "La industria (minorista) debe unirse y presionar para obligar al gobierno a tomar medidas. Cuando pasas tanto tiempo hablando de seguridad, el gobierno te ha fallado".
Gavin Newsom, gobernador de California, dice que los robos a gran escala son "inaceptables", pero defiende la Propuesta 47, afirmando que las fuerzas del orden tienen las herramientas que necesitan para acabar con las redes de crimen organizado. Ordenó a la Patrulla de Caminos de California que aumentara la dotación cerca de los grandes retailers y propuso incrementar el presupuesto estatal del próximo año para combatir el robo minorista.
Cuando se le preguntó sobre el asunto esta semana, Jen Psaki, portavoz de la Casa Blanca, dijo que la administración Biden está trabajando con el Departamento de Justicia, la Oficina Federal de Investigaciones y las fuerzas federales del orden para reprimir el crimen organizado en el retail, y apuntó a incrementar los fondos destinados al programa de Servicios Policiales Orientados hacia la Comunidad.
Los minoristas se han inclinado detrás de un llamado a nuevas leyes federales para acabar con lo que suelen ser redes criminales multi-jurisdiccionales y multi-estatales. Después de una reunión de la Casa Blanca la semana pasada, la Federación Nacional de Minoristas reiteró su llamado a formar un centro de coordinación entre agencias que pueda recibir los reportes de actividad criminal entregados por los vendedores, de forma similar a como ocurre con los ataques cibernéticos.
Hasta que haya más coordinación, a Caruso le preocupa que los retailers más pequeños sigan teniendo problemas. "Para personas como yo, con recursos para la seguridad, es una cosa. Pero la mayoría de las empresas son pequeños negocios que dependen de las fuerzas del orden para su seguridad", dijo. "Esa es la parte vergonzosa".
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