El Gobierno español negocia a contrarreloj con los agentes sociales la reforma de las pensiones, con el retraso de 65 a 67 años en la edad de jubilación como el punto más espinoso, antes de la fecha límite del próximo viernes para su aprobación.
A la espera de que pueda lograrse un acuerdo, el Congreso de los Diputados (Cámara Baja) aprobó hoy las recomendaciones sobre esa reforma elaboradas por la comisión de seguimiento del llamado "Pacto de Toledo", alcanzado en 1995 entre Gobierno, sindicatos y empresarios para garantizar el futuro del sistema de seguridad social, y abrió la puerta a una eventual ampliación de la edad de jubilación.
El Gobierno logró el apoyo de última hora de los nacionalistas catalanes de Convergencia i Unió (CiU), que facilitó la aprobación genérica de la ampliación de la edad de jubilación con la incorporación de una matización en cuanto a que deberá hacerse de forma "progresiva" y no "homogénea y forzosa".
Entre las veintiuna recomendaciones aprobadas está la posibilidad de utilizar otros índices diferentes al IPC para revalorizar las pensiones, acotar los casos para acogerse al retiro anticipado y el aumento del período de cálculo de años cotizados para la cuantía de la pensión.
El pasado diciembre, el Gobierno anunció su intención de aprobar este viernes, 28 de enero, el anteproyecto de ley de la reforma de las pensiones, una de las principales reclamaciones a España desde la Unión Europea y organismos mundiales como el Fondo Monetario Internacional, que consideran el actual sistema insostenible a largo plazo.
El presidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, adelantó este lunes su voluntad de alcanzar un consenso. "Mi apuesta es que podamos llegar a un acuerdo (con los agentes sociales) y con los partidos", dijo Zapatero, quien consideró "muy bueno" que el conservador Partido Popular (PP), principal fuerza de la oposición, dé su apoyo.
Sin embargo, el líder del PP, Mariano Rajoy, abogó esta semana por cumplir la ley vigente y fomentar la jubilación a los 65 años, antes que plantearse su retraso.
El Gobierno quiere sacar adelante esta reforma en un momento de grave crisis económica y tras haber aplicado en 2010 un plan de reducción del déficit público que ha acarreado recortes sociales, como la congelación de las pensiones y el recorte del salario de los funcionarios.
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