El proyecto de ley que busca limitar la responsabilidad de los usuarios en caso de fraudes financieros en sus tarjetas de crédito, débito, prepago y transacciones electrónicas que se estaba discutiendo en la comisión de Economía del Senado en su tercer trámite constitucional, ahora pasa a comisión mixta luego que los parlamentarios de la instancia decidieron perfeccionar algunos elementos de la iniciativa legal.

Durante la discusión, en un primer momento la coordinadora de asesores del Ministerio de Economía, Michelle Labbe, había propuesto a los senadores Durana, Elizalde, Rincón y Galilea que se rechazará por completo el proyecto. Esta situación fue descartada pues los senadores aparecieron que existían ciertos elementos del proyecto que podían ser aprobados por lo que se decidió votar en particular el proyecto.

Algunos de los elementos rechazados por lo senadores guardan relación a plazos de notificación de los fraudes, medios para informar transacciones fraudulentas, entre otras ideas.

Los senadores pidieron al presidente de la comisión, José Miguel Durana, su pronto despacho a la Sala de la Cámara Alta para poder comenzar la discusión de la moción parlamentaria idealmente la próxima semana con la conformación de la comisión mixta que la integrarán también un grupo de diputados de la comisión de Economía de la Cámara Baja.

La presentación de la CMF

El presidente de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Joaquín Cortez, hizo su debut en el Senado como regulador del sector bancario tras absorber a principio de mes a la Superintendencia de Bancos en su presentación ante la comisión de Economía del Senado en el marco de la discusión del proyecto de fraudes financieros.

El director jurídico de la CMF, Cristián Carmona, planteó que el órgano regulador valora que la iniciativa "se fija la carga de la prueba en el emisor, quien posee más información y por tanto, es quien debe adoptar medidas de seguridad en los términos que la misma indica".

No obstante, Carmona apunta que existen espacios de mejoras al proyecto en lo que concierne a equiparar el estándar de responsabilidad de los usuarios al que la Ley del Consumidor contempla para los usuarios, en cuanto estándar de diligencia y desincentivando el autofraude.

Además de realizar algunas precisiones a conceptos y definiciones al perimetro regulatorio.