En julio de este año el gobierno promulgó la Ley 21.023, la que establece la eliminación del beneficio que significaba que un 20% de los intereses de las cotizaciones previsionales adeudadas por parte de los empleadores iba a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y, por lo tanto, dicho rédito queda ahora para los afiliados.
Las cifras son importantes. La deuda acumulada y reajustada por concepto de cotizaciones declaradas y no pagadas ascendió a $ 274 mil millones (unos US$ 440 millones) en 2016, mientras que el monto en intereses de aquella deuda el año pasado significó un total de
$ 1.912 mil millones (unos US$ 3.069 millones), lo que equivale al 1,7% del total de fondos gestionados por las administradoras, de acuerdo a cifras de la Superintendencia de Pensiones. De este modo, el beneficio para los ahorrantes alcanzó
$ 369 mil millones (unos US$ 591 millones) y el recargo a las administradoras por gestiones de cobranza fue de $ 88 mil millones (unos US$ 141 millones) en el ejercicio anterior.
Pues bien, pese a que la nueva ley fue bien comentada por algunos parlamentarios, argumentando que es una reposición al “daño previsional” hacia los afiliados, expertos advierten sobre los efectos negativos que podría tener esta normativa en la reclamación de estas imposiciones atrasadas y acusan que puede disminuir su tasa de éxito.
Para la abogada especialista en previsión social Paula Oyarzo, la ley podría significar un desincentivo para que las AFP obtengan resultados en la persecución de estas cotizaciones.
“Retira el incentivo económico que puede haber asociado a esto, que es un estímulo de ganancia por volumen más que beneficios unitarios. Las cifras de cobranzas exitosas van a tender a bajar, porque la ley no obliga a lo imposible a la entidad previsional”, señala la profesional del estudio jurídico Vergara, Oyarzo y Cia.
Añade que “desaparece el incentivo económico y la obligación no es de resultado por parte de la AFP es del medio, por lo que la tendencia debería significar una baja en este sentido, porque además tiene un costo elevado desde el punto de vista económico para las gestoras”.
Oyarzo indica que la mayoría de las persecusiones de cotizaciones impagas tienen como destino los tribunales, donde su probabilidad de éxito es menor, lo que iría acompañado, dice, de un “menor esfuerzo por parte de las gestoras”. De hecho, hasta el año pasado habían 1.063.108 juicios vigentes por el 85,8% de la deuda acumulada, según cifras del regulador.
Erika Fernández, analista de Estudios, de la Asociación de AFP, no comparte la visión de Oyarzo y señala que el hecho de que las gestoras dejen de percibir el 20% de los intereses de las cotizaciones adeudadas no reducirá el interés en perseguirlas.
“En el último tiempo se han conseguido logros importantes en la agilización y eficiencia en la cobranza judicial de cotizaciones adeudadas, y se espera que las operaciones en este campo, mejoren mucho más”, agrega.
Los cambios que trae la reforma
El proyecto que modifica la regulación de las AFP de la reforma de pensiones también concibe cambios al sistema de cobranzas previsionales.
La iniciativa, que hoy se encuentra sin urgencia en la Cámara Baja, propone la creación de un Sistema Único de Cobranzas de Cotizaciones.
“Vamos a tener un sistema único de cobranza de cotizaciones atrasadas, que hoy día es bien disperso y eso va a ayudar mucho”, dijo en agosto el ex ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Esto, con el objetivo de generar economías de escala, mejorar la eficiencia y facilitar la fiscalización de los procesos.
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AFP
