Una dura derrota en tribunales sufrió AFP Habitat en su afán de demostrar que el denominado caso Cascadas generó un perjuicio económico para los fondos de pensiones que administra. Y es que el 20 Juzgado Civil de Santiago desestimó que Julio Ponce y otros ejecutivos, como Leonidas Vial, Roberto Guzmán Lyon y Aldo Motta tengan que devolver los perjuicios que la administradora estima que se generaron.
“Esta sentenciadora estima que al no haberse acreditado por la demandante AFP Habitat que hubiese sufrido daño económico en los fondos de pensiones que administra, no existe y no hay responsabilidad extracontractual que perseguir y hacerse efectiva”, dictaminó.
En enero de 2015, la administradora de fondos de pensiones ligada la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) presentó una demanda de indemnización de perjuicios contra ejecutivos y sociedades que participaron en el controvertido caso.
La AFP acusa que en seis operaciones accionarias sus fondos sufrieron daños por más de $ 5.941 millones.
Durante el proceso, todos los demandados por Habitat sostuvieron que no existieron los perjuicios reclamados por la AFP y que en el caso que existieran pérdidas serían indirectas, por lo que no correspondería una indemnización. Además, las defensas de los acusados aseguraron que en la mayoría de las operaciones de compra y venta de acciones se habrían producido ganancias para los fondos que administra Habitat.
Los peritos del proceso
En el proceso de investigación -y para esclarecer si hubo o no perjuicio a los fondos por las operaciones- se hicieron dos peritajes. Uno fue realizado por Christian Katscher Unkelbach, y el otro por Pablo Rivera Castillo.
Ambos peritos llegaron a conclusiones totalmente distintas. Mientras Katscher señaló que se produjeron pérdidas para los fondos de pensiones, Rivera sostuvo que hubo ganancia para los fondos de pensiones. Este último cuestionó el modelo aplicado por su par, ya que, dijo, considera supuestos erróneos y no tomó en cuenta la estrategia activa de inversiones en las Sociedades Cascadas y SQM en el período comprendido en los casos sancionados por la autoridad entre el 7 de enero del 2008 y el 16 de noviembre del año 2011 “operaciones que generaron utilidades financieras para los fondos administrados por la demandante”.
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