Ayer, el presidente Sebastián Piñera iba a recibir a los equipos que trabajan en la reforma de pensiones en La Moneda.
La reunión, la tercera que el mandatario tendría al respecto, se canceló por temas de agenda de los que iban a participar.
El proceso ya está en etapas finales, por lo que el encuentro liderado por el Presidente de la República buscaba, entre otras materias, zanjar algunas definiciones.
De hecho, según fuentes conocedoras del proceso, la comisión técnica encargada de elaborar dichas propuestas, instancia liderada por el asesor del segundo piso de La Moneda, Augusto Iglesias, ya está culminando esa labor.
La “arquitectura” de la propuesta global del gobierno, aseguran, ya está terminada, por lo que solo queda cerrar algunas materias, lo que debería ocurrir dentro de las próximas semanas. Es por ello que la siguiente reunión con la máxima autoridad del país cobra relevancia. Si los dos anteriores encuentros tuvieron un carácter más informativo -aunque también se tomaron definiciones-, el próximo tendrá todavía un rol más decisivo.
Con todo, la propuesta que está terminando la comisión técnica, donde además participan personeros de Presidencia, Hacienda y Trabajo, no es el texto que ingresará al Congreso.
Según cercanos, la idea es que con esta propuesta global el gobierno pueda sentarse a conversar con sus contrapartes, como parlamentarios de oposición, de quienes ya se hizo un barrido para saber cuáles eran sus opiniones en materia de pensiones cuando se instaló la actual administración.
Separar la comisión
De acuerdo a conocedores del proceso, el gobierno ha buscado fórmulas para incrementar la competencia en el sistema de pensiones, como fue uno de los primeros anuncios en torno a la reforma.
Una de ellas es incentivar la separación de la administración de las cuentas individuales de la gestión de los fondos de pensiones.
Un mecanismo que se ha evaluado en ese sentido es el de separar la comisión que cobran las AFP a sus afiliados.
Es decir, dividir una tarifa que cobra una administradora en dos; un porcentaje para la gestión de las cuentas individuales y otro para la inversión de los fondos.
Es en la última donde podrían ingresar nuevos actores a administrar los recursos previsionales y, por lo tanto, aumentar la competencia en el sector.
Con todo, el gobierno, a pesar de estar en etapas finales, tiene varios obstáculos para poder aprobar una reforma previsional antes de que acabe este año, como lo dijo el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg.
En septiembre, plazo límite que se puso el Ejecutivo para presentar la iniciativa, se discutirá el presupuesto del 2019.
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