Se cierra un nuevo capítulo tras el complejo escenario financiero al que llegó La Araucana y que llevó a su intervención en 2015. En agosto pasado, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó las sanciones de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) a los ex directores de la firma, por su “la falta de diligencia”, al haber aprobado los estados financieros de la caja ese año.
En 2015 el directorio de La Araucana estaba compuesto por Antonio Castilla como presidente, Jaime Moreno como vicepresidente, además de Verónica González, Manuel López, Claudio Soler, Mauricio Orleans y Juan Moreno.
En 2016 todos ellos fueron multados a través de una resolución de la Superintendencia por pasar por alto “salvedades, recomendaciones e informes formulados por la auditora externa Price Waterhouse Coopers (PwC) y las objeciones realizada por la Superintendencia de Seguridad Social a través de sus pronunciamientos”.
Así, la Suseso decidió multar a Castilla por 4.700 UF; a Jaime Moreno por 600 UF; a González por 2.000 UF; a López por 800 UF; a Soler por 4.000 UF; a Orleans por 5.000 UF; y a Juan Moreno por 150 UF.
Tras conocerse la sanción del regulador, los ex ejecutivos de La Araucana recurrieron a la Corte de Apelaciones de Santiago con el fin de que los cargos y las multas fueran desestimadas.
Entre los alegatos presentados por exmiembros del directorio de La Araucana consideraban que la actuación de la Suseso fue “desbordada”, que extendió ilegalmente su investigación, juzgamiento y sanción de personas”.
Además, apuntaron que el organismo dirigido por Claudio Reyes impuso multas “arbitrarias, ilegales y desproporcionadas”.
Por su parte, la Suseso manifestó en la Corte que antes de proceder a las sanciones se llevó a cabo una investigación administrativa, procedimiento que está contemplado dentro de la regulación, cumpliendo con el debido proceso.
El fallo del tribunal
Quien escuchó a ambas partes fue la octava sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, instancia presidida por la ministra Marisol Rojas e integrada por la ministra Gloria Solís y el abogado integrante Gonzalo Ruz.
Los magistrados consideraron que se configuró el cargo de a “falta de diligencia en el ejercicio de su cargo derivadas de sus actuaciones relativas a la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2014”.
Señal de ello, es que dentro de las sentencias individuales que dio la Corte, estableció que su objetivo no era “enjuiciar la buena fe del actuar” de los reclamantes, sino si “actúo alejado o no del grado de diligencia esperable de todo director razonable en su misma situación”.
No obstante, la Corte rebajó las multas: la de Castilla a 2.700 UF ($ 73 millones); la de López a 800 UF ($ 22 millones); la de Soler la disminuyó a 2.000 UF ($ 54 millones; la de Orleans a 3.000 ($ 82 millones) UF y la de Juan Moreno a 75 UF ($2 millones).
Una de las razones de las rebajas fue que no se puede sancionar dos veces la misma falta.
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