De forma paralela a la reforma de pensiones, la subsecretaría de Previsión Social también prepara un proyecto que le dé gradualidad a la cotización obligatoria por parte de los trabajadores independientes, la que comenzó a regir este año, luego de haber sido postergada por dos ejercicios.
La iniciativa, tal como lo anunció el presidente Sebastián Piñera en su cuenta pública, será ingresada a principios de agosto.
En el gobierno ya están buscando consensos para poder tramitar el proyecto sin mayores problemas, ante la demanda de un grupo de parlamentarios de oposición que esperan que nuevamente se prorrogue la obligatoriedad, la que fue estipulada en la reforma previsional de la primera administración de la expresidenta Michelle Bachelet, en 2008, pero que aún no se ejerce.
El viernes pasado, llegaron al Ministerio del Trabajo representantes de la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del Estado, correspondiente a uno de los segmentos que más se verá impactado por la nueva normativa y que cuenta con más de 370.000 funcionarios bajo este modelo.
A la instancia concurrió el titular de la cartera, Nicolás Monckeberg, además de la subsecretaria de Previsión Social, María José Zaldívar, encargada directa de la iniciativa.
La agrupación presentó ante las autoridades diversos cuestionamientos sobre el proyecto que prepara el Ejecutivo.
Lo esencial, señalan asistentes, es que se prorrogue la obligatoriedad por unos tres años.
“A este gobierno le hemos hecho el planteamiento que le hicimos al anterior, que dice relación con las condiciones en que nosotros trabajamos, ya que no tenemos derechos laborales o a licencias médicas”, dice una de las vocera de los trabajadores, Natalia Corrales.
“Vamos a mantener nuestra demanda de la postergación de la cotización. Si no tenemos derechos laborales garantizados es absurdo que se nos obligue a cotizar”, agrega la dirigente.
No es la primera reunión que han sostenido ambas partes, y para esta semana está agendada otra, donde se espera que se profundicen las propuestas de cada lado.
La postura de los trabajadores ha sido acogida por algunos parlamentarios.
De hecho, la Cámara de Diputados aprobó en junio una resolución para solicitar al presidente Sebastián Piñera y al titular de Trabajo el envío de una iniciativa que modifique la Ley 20.255, establecida por la reforma previsional del 2008, con el objetivo de que la obligación de cotizar que se impone desde este año a los trabajadores independientes, se aplace por tres ejercicios más.
Uno de los parlamentarios que ha apoyado esta iniciativa es Raúl Soto, de la Democracia Cristiana.
El diputado señala que retrasar la obligatoriedad de la cotización es la “prioridad número uno de una mayoría”.
Agrega que hay una deuda histórica con los funcionarios a honorarios del sector público, la que se debe evaluar en el debate que vendrá con el proyecto.
Pese a ello, el parlamentario de la DC reconoce que “es necesario que se incorporen al sistema los que están en la informalidad laboral”.
Iniciativa del gobierno considera incluir aporte a salud
Hace unas semanas que el proyecto de gradualidad en la cotización de independientes entró en su fase final.
Dos eran las propuestas que al interior del gobierno se elaboraron para enfrentar esta problemática que se ha ido postergando con los años.
Una pertenecía a la Dirección de Presupuestos, repartición dependiente del Ministerio de Hacienda, mientras que la otra correspondía a una ideada por la Subsecretaría de Previsión Social.
Finalmente, La Moneda optó por esta última, la que se ingresará a inicios de agosto, según anunció el presidente Sebastián Piñera.
Según fuentes conocedoras del proceso, la propuesta busca modificar la Ley 20.255, la que contiene dentro de sus artículos la cotización de los independientes.
La idea del gobierno es que las imposiciones que realicen estos trabajadores independientes no comiencen con la que está destinada a pensiones de forma exclusiva, sino que también incluya la correspondiente a salud (Fonasa o Isapre).
Esto dista de forma importante de la legislación creada en 2008, la cual establecía que la cotización de los primeros años de este segmento fuera de forma exclusiva para pensión.
De este modo, pretende que los beneficios de salud para los trabajadores que comiencen a cotizar les lleguen de forma inmediata y no que esperen más años para recibirlos.
La idea, de hecho, se pensaba incluso antes de que la actual administración llegase al gobierno, en marzo pasado.
Desde la Unión Nacional de Trabajadores a Honorarios del Estado valoraron la medida, aunque esperan que se resuelva la gradualidad con la que tendrán que cotizar si el proyecto llega a puerto.
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AFP
