A pesar de que puntualmente no fue parte de uno de los cinco grandes acuerdos a los que convocó el presidente Sebastián Piñera en su discurso del domingo en La Moneda, la reforma de pensiones es prioridad para el gobierno.
De hecho, el ministro del Trabajo, Nicolás Monckeberg, ha señalado que enviar al Congreso un proyecto previsional es un imperativo “moral” ante las bajas jubilaciones que hoy, por diferentes motivos, reciben buena parte de los chilenos. El objetivo, según ha asegurado el propio secretario de Estado, es tener una reforma este 2018, por lo que ya se está trabajando con ese horizonte.
Quienes están encargados, por ahora, de trabajar en un documento son los expertos previsionales Mónica Titze y Augusto Iglesias, los cuales ya participaron de la campaña presidencial del mandatario.
Titze lo hace desde el Ministerio del Trabajo, mientras Iglesias lo hace por parte del equipo presidencial. Hasta el momento, según han señalado fuentes cercanas, no hay gente involucrada de Hacienda. Ambos ya están construyendo un documento.
El eje central de la propuesta previsional de este gobierno es el aumento en cuatro puntos de la cotización con cargo al empleador. También se plantea abrir la competencia a las AFP, donde se está analizando la idea de que las cajas de compensación y las compañías de seguros entren a la industria de la administración de fondos de pensiones.
Por otro lado, se ha indicado que habrá un complemento para las mujeres que han tenido lagunas previsionales.
Además, el Ejecutivo ha propuesto aumentar el pilar solidario en 40%, medida que se lleva a cabo mediante un decreto. Todo, según se ha señalado en el programa de campaña de Sebastián Piñera, tiene un costo de US$ 3.000 millones.
Compleja negociación
La hoja de ruta que planea el gobierno podría tener no pocas modificaciones teniendo en cuenta la configuración de la Cámara de Diputados y de las comisiones de Trabajo y Hacienda, instancias que en algún momento analizarán lo que el gobierno proponga en materia previsional.
Esto, porque ya está definido que en ambas el oficialismo será minoría frente a una oposición que, aunque fragmentada, es dura en la discusión sobre pensiones.
Ya en el debate en torno al proyecto presentado por el gobierno anterior, la consigna era que las AFP no administrarían más recursos, postura que se contrapone a lo que ha propuesto el gobierno, ya que la mayor cotización serían gestionada por la industria.
Además, las recien asumidas diputadas del Frente Amplio, Maite Orsini y Gael Yeomins, se sumarán a la comisión de Trabajo, mientras que el parlamentario Giorgio Jackson será parte de Hacienda.
Así, se espera que ellos rechacen un proyecto que no elimine el sistema de capitalización individual, tal como pidieron desde No+AFP.
Diputados DC pedirán que se revise primero regulación a las AFP
Protagonistas de la tramitación del proyecto previsional que envió el año pasado la expresidenta Michelle Bachelet, los diputados de la Democracia Cristiana nuevamente se proyectan como claves en una futura reforma.
Lo anterior, porque el partido se ha mostrado proclive a alcanzar acuerdos con la nueva administración y todavía no se define el domicilio dentro de una oposición.
Una condición que pedirán los diputados DC para alcanzar algún grado de acuerdo sobre una reforma de pensiones es revisar la regulación de las AFP.
"Vamos a pedir que primero veamos el tema de las administradoras: control, fiscalización, competencia y condiciones. Un error del gobierno anterior fue dejar este tema para el final, lo que no se logró", dice el diputado Pablo Lorenzini, quien permanecerá en la comisión de Hacienda, junto a José Miguel Ortiz, a los que se sumarán Matías Walker y Raúl Soto en Trabajo y Seguridad Social.
Uno de los proyectos que dejó la administración anterior y que el ejecutivo ve con buenos ojos es precisamente el que aumentaba la regulación de las administradoras de fondos de pensiones.
Se abre opción de 4% en las AFP
Eso sí, el parlamentario no se cerró a la idea de que las AFP administren la cotización adicional en cuatro puntos que plantea el gobierno, siempre y cuando se abra la competencia a la industria, con una gestora estatal.
Para la tramitación del proyecto de pensiones del gobierno pasado, los parlamentarios de la DC pedían varios cambios en la reforma para dar su voto a favor.
El Ejecutivo de entonces cedió ante las demandas que exigían cambios en la conformación del Consejo de Ahorro Colectivo, la cantidad de consejeros, sus honorarios y su dedicación absoluta.
Fuentes cercanas al anterior equipo de gobierno han sostenido que los cambios que pedían los diputados de la DC entorpeció la tramitación de la reforma previsional y no descartan que al menos uno de los tres proyectos que la componían pudiese haber sido aprobado en los últimos meses de período legislativo.
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