Con velocidad avanza la moción parlamentaria impulsada por los senadores Ossandón, Tuma y Pérez que busca limitar la responsabilidad de los usuarios de tarjetas por operaciones realizadas con plásticos extraviados, hurtados o robados.
A pesar de las críticas que ha recibido el proyecto por parte del mundo financiero, al considerar que la responsabilidad recae en todos los actores de la cadena de pago y no sólo en el emisor, el Poder Judicial parece apoyar la visión de los parlamentarios, así al menos en sus últimas resoluciones.
Desde 2015 han emanado desde la Corte de Apelaciones de Santiago tres fallos sobre esta materia, los cuales han dicho que son los emisores de tarjetas de crédito quienes deben cargar con la prueba referente a los delitos asociados al uso del plástico y no los usuarios.
Además, son los emisores que deben hacerse cargo total de la seguridad de las operaciones que se desarrollan ante actitudes sospechosas en el uso de tarjetas. Y no deben persistir en el cobro de los montos a los afectados.
También, exhorta a que las compañías financieras no publiquen la morosidad de los afectados, considerándolo como una acción que acrecienta el perjuicio contra los usuarios.
Los casos al alza
En el último ranking del mercado financiero elaborado por el Sernac, se detalla que el 18,2% de los reclamos contra la banca se debe a que el consumidor no reconoce una transacción por clonación o suplantación. En el caso del retail esta cifra llega hasta el 7,43%.
A junio de este año el Sernac ha recibido 1.244 denuncias contra la industria financiera relacionados con la clonación de los plásticos de crédito y débito, de los cuales sólo el 39,6% se respondió favorablemente al afectado.
Así, en lo que va del 2017, la institución ha interpuesto 17 denuncias en contra de las compañías de este rubro por infringir la ley en materia de seguridad de productos, deber de profesionalidad y negligencia en la prestación de sus servicios
Pero ¿qué pasa en otros países? En Reino Unido, el usuario es responsable de las operaciones fraudulentas hasta 50 libras esterlinas, sólo en el caso de no haber notificado extravío, hurto o robo de la tarjeta.
Por su parte, a nivel latinoamericano Perú reconoce que el usuario no podrá ser tomado como responsable de las transacciones que no ha autorizado y explícita que opera de la misma forma en caso de clonación.
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