El Ministerio de Hacienda firmó a comienzos de esta semana un protocolo de acuerdo con la asociación de funcionarios de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) para elaborar un Estatuto de Personal para los trabajadores de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).
El acuerdo nace como fruto de las reuniones que realizaron las autoridades del gobierno y los dirigentes sindicales durante los últimos meses de 2017.
Esto se debió a las inquietudes que existían entre los funcionarios de la superintendencia respecto a su futuro laboral, como consecuencia de la formulación de la nueva Ley de Bancos que plantea la fusión de la Sbif con la CMF y que significará que los funcionarios del regulador bancario pasarán a la nueva entidad.
La subsecretaria de Hacienda, Macarena Lobos, explicó a principios de diciembre en el Congreso que “el espíritu del Ejecutivo es que el traspaso de los funcionarios no signifique ninguna merma” para los trabajadores de la Sbif.
Los funcionarios del regulador bancario cuentan con convenios de servicios de bienestar que deseaban mantener cuando arriben a la nueva autoridad del mercado financiero. Ello se materializó cuando el Ejecutivo envió una última indicación al proyecto.
Así, el servicio de bienestar de la Sbif continuará funcionando en la CMF.
Con el acuerdo suscrito entre Hacienda, los funcionarios de la Sbif y la autoridad bancaria, se sigue avanzando en la futura integración del regulador con la CMF, mientras la Ley de Bancos se encuentra en el Senado para ser retomada su discusión en los primeros días de marzo.
La exclusiva confianza
Uno de los puntos que aún generaría resquemores entre los trabajadores, es que el proyecto en el Senado mantiene que para la totalidad de los funcionarios de la CMF la condición de dependencia en el organismo pasa por la “exclusiva confianza” del presidente de la entidad.
Hoy, quien preside la CMF es el exsuperintendente de Valores y Seguros, Carlos Pavez.
Los funcionarios agrupados en la Federación Frente de Trabajadores de Hacienda destacaron en el Congreso que “ninguno de los servicios fiscalizadores del Estado central se rige actualmente por normas de este carácter”.
Además pidieron el apoyo de los parlamentarios para tener en cuenta el hecho.
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