El miércoles la presidenta Bachelet hizo pública la iniciativa que el gobierno pretende trasformar en proyecto de ley en los próximos meses para modificar el sistema de pensiones. Iniciativa que concentra toda la atención en el aumento de la cotización en cinco puntos porcentuales y la creación de una entidad estatal que administre ese mayor ahorro.
Se trataría de un ente independiente, liviano y con un costo que debería ubicarse en un 0,2% a 0,3% del saldo administrado. Sin embargo, lograr el objetivo no sería nada de sencillo.
De acuerdo a un estudio de la Universidad Alberto Hurtado, del académico Fernando López, el cual será presentado hoy en el marco del seminario “Legitimidad y Competitividad en la Industria de AFP”, organizado por esa casa de estudios, se analiza el rol de una AFP sin fines de lucro o estatal, y de éste se puede desprender que las presiones en los costos en la entidad serán inminentes, al mismo tiempo que los riesgos de que ésta sea utilizada con fines políticos. Dos puntos a enfrentar a partir de ahora en el desarrollo y redacción del proyecto de ley a cargo del Ministerio de Hacienda.
Si bien, una AFP estatal y el ente público que se quiere crear para la administración del 5% son cosas diferentes -la misma autoridad ha señalado que la segunda alternativa es mucho más liviana, ya que no contaría con una fuerza de ventas ni debería tener una red de sucursales importante-, los conflictos que pueda enfrentar este nuevo administrador son similares.
“La falta de incentivos para reducir costos y las misiones poco claras de los ejecutivos de empresas sin fines de lucro, en particular si estas son adueñadas por el Estado, llevan a aumentar sus costos operacionales”, dice el reporte.
Las recomendaciones
Así, una de las recomendaciones que hacen en el documento es que “sus comisiones cubran exactamente sus costos medios totales”, además de que se entreguen incentivos para mantener los costos marginales a la par del de sus rivales con fines de lucro. Es decir, tomando como referencia los costos del sistema de AFP.
Adicionalmente, señala el reporte, es crucial que su gobierno corporativo la blinde de abusos de sus ejecutivos y controladores, o del uso político en caso de ser de propiedad estatal, y así no eleve sus costos fijos de largo plazo.
Al ser consultado Fernando López por la iniciativa que anunció el gobierno explica que habría que establecer un conjunto de incentivos que aseguren que la lealtad del directorio y los ejecutivos está con los afiliados. “Esto requiere un análisis minucioso porque son muchas las formas en que grupos de poder podrían influenciar las decisiones de dicho ente en desmedro de los afiliados”, dice.
En esta línea el académico enumera cuatro requisitos esenciales. Primero que la selección de quienes dirijan la entidad sea a través de un comité integrado por expertos nacionales y extranjeros, y no por el gobierno de turno. Adicionalmente, que estos cargos sean de dedicación exclusiva, que su duración sea mayor a la de un periodo gubernamental y que la rotación de directores se realice de manera traslapada, como lo establece la normativa del Banco Central para sus consejeros. Como cuarto elemento propone que los integrantes deban hacer declaraciones de patrimonio previas y posteriores al término del cargo.
“Para resguardar el desempeño financiero de las inversiones podría definirse un portafolio de referencia, definido por un comité de expertos, al estilo de los fondos soberanos”, agrega López.
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AFP
