El Ministerio de Hacienda ha agarrado el timón técnico y político de la reforma de pensiones. Muestra de aquello es que, desde fines de octubre, las reuniones entre los representantes de los partidos políticos se desarrollan todos los jueves en Teatinos 120, al alero del ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Y si bien el secretario de Estado ha asumido un rol más político en esta etapa de la discusión, no ha dejado de lado la supervisión técnica del proyecto. Valdés ha mantenido un trabajo codo a codo con el subsecretario de la cartera, Alejandro Micco, y la coordinadora de Políticas Sociales, Paula Benavides.
En este grupo también se incluyen técnicos de la Dirección de Presupuestos (Dipres).
¿La principal discusión? El destino del aumento de la cotización obligatoria de 5 puntos. Considerando las propuestas recopiladas desde el sector privado y también el trabajo propio, el equipo técnico de Hacienda trabaja en la fórmula que aplicará tanto respecto del plazo en que se implementará el alza en 5 puntos de la cotización, como en cuánto de esta mayor recaudación irá al Pilar Solidario, y cuánto a las cuentas individuales.
En este contexto, un factor relevante es que, de ir todo el dinero a parar a las cuentas de las AFP, no serían sólo los actuales jubilados quienes no se verían beneficiados por la medida, sino que también todos aquellos trabajadores de 50 años hacia arriba. Y es que si el alza se realiza en 10 años, el régimen estaría en plena operación cuando estos se encuentren ad portas de pensionarse. Es decir, el ahorro adicional y la rentabilidad de este sería marginal respecto de su pensión.
Así, una de las medidas que se analiza es disminuir el período del alza de diez años a cinco años, realizando subidas anuales de 1% en la cotización. Eso sí, en el equipo que evalúa las fórmulas hay conciencia de que cualquier alternativa que involucre subir la tasa en más de 0,50 puntos por año podría generar efectos en el empleo, tema prioritario dentro del análisis de Teatinos 120.
Adicionalmente, y con el objetivo de dar solución inmediata a las jubilaciones actuales -más allá de la aprobada alza de 10% en las pensiones solidarias a partir de enero-, es que también se está estudiando la posibilidad de que el primer punto de incremento de la cotización vaya al mencionado fondo estatal, permitiendo así una mejora inmediata de las jubilaciones. Y no sólo de las correspondientes a los beneficiarios del Pilar Solidario, sino que de todos los pensionados del sistema. Los siguientes aumentos en la cotización se irían repartiendo entre la cuenta individual en la AFP y el fondo estatal.
Según cercanos a las tratativas, algunas de las fórmulas que maneja Hacienda, que contemplan la división del 5%, apuntan a que podrían aumentarse las pensiones actuales de los hombres en un 20%, y para las mujeres en alrededor de un 30%.
Con calculadora en mano
El subsecretario Micco ha jugado un rol clave en recopilar opiniones y propuestas de parte del sector privado. Muestra de aquello es que el economista se reunió con representantes de AFP Modelo (13 de septiembre) y con la Asociación de Aseguradores de Chile (21 de septiembre), ambas citas realizadas en dependencias de Hacienda y que tuvieron como fin abordar “propuestas de reforma previsional”, según la plataforma de lobby. Adicionalmente, expuso en el último seminario de la Federación Internacional de Fondos de Pensiones (FIAP) y para mañana está programada su participación en el de AmCham sobre el sistema previsional.
Quienes conocen la dinámica del ministerio señalan que el economista de la U. de Chile está a cargo no sólo de establecer nexos con el sector privado, sino también de “aterrizar” el impacto en el mercado de capitales y laboral del proyecto.
Paula Benavides, por su parte, está a cargo de calcular el impacto fiscal y asegurar la sostenibilidad en el largo plazo de la iniciativa. Punto relevante, considerando que el propio Valdés señaló, desde un comienzo, que el impacto del proyecto para el Estado en su rol de empleador sería de US$ 1.500 millones.
Considerada “matea”, la ingeniera comercial y magister de la UC, es la secretaria técnica del comité de ministros que analiza el sistema previsional.
Fue economista en el Departamento de Estudios de la Dipres, donde participó en el diseño de la regla de balance estructural, en estrecha colaboración con Valdés -en aquel entonces coordinador macro- y Mario Marcel, en aquel entonces director de Presupuestos y próximo presidente del Banco Central.
Luego de un paréntesis de cuatro años de estudios doctorales en la UC, Benavides volvió a la Dipres en 2006 con un encargo que hoy hace sentido: dirigir el equipo técnico que elaboró la reforma previsional de 2008, que tuvo como principales artífices al mismo Marcel y al ex ministro de Hacienda, Alberto Arenas. De hecho, este último la “fichó” en marzo de 2014 como coordinadora de Estudios de Teatinos 120.
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