Un vuelco tuvo el proceso judicial en que dos accionistas minoritarios de SQM buscan una indemnización como parte del caso Cascada.
El empresario Leonidas Vial contrademandó a Gianfranco Basso, un ingeniero agrónomo de la Quinta Región, y Jorge Hernán Miranda Alvarado, un pequeño empresario, que son representados por el abogado Mario Schilling. El socio de LarrainVial pidió una indemnización de $ 100 millones por daño moral más las costas del juicio.
A principios de mayo de 2015, los dos accionistas -que se presentaron como minoritarios de las sociedades Cascada de SQM- interpusieron una demanda en contra Julio Ponce, Aldo Motta, Roberto Guzmán Lyon, Leonidas Vial Echeverría, Alberto Le Blanc, la corredora de Bolsa LarrainVial, Manuel Bulnes y Felipe Errázuriz.
¿El objetivo? ser indemnizados por el daño que, estiman, les causó en su patrimonio la actuación de los mencionados ejecutivos.
En enero de este año, el abogado Schilling modificó la demanda y excluyó a Ponce y Motta, lo que atribuyó a una “notificación fallida (...) en reiteradas ocasiones”.
Aunque en la demanda original, Basso y Miranda son presentados como “accionistas minoritarios de las sociedades Cascadas”, Leonidas Vial y otros demandados -como Le Blanc y Bulnes, que también rechazan tajantemente cualquier indemnización- afirman que son accionistas de SQM-B, por lo que no tendrían derecho a solicitar un eventual pago.
“La sociedad SQM-B, de la cual los demandantes serían socios, no es accionista de las sociedades Cascada, de modo que es imposible que una supuesta pérdida patrimonial en éstas puede afectar aquélla”, dijo Vial en su escrito presentado a la justicia.
“La demanda carece de todo fundamento y sentido (...) con el objeto de aprovecharse ilegítimamente de un caso mediático para obtener una indemnización o forzar un acuerdo sin tener derecho alguno”, señaló el abogado de Bulnes, Florencio Bernales, al contestar la demanda de los minoritarios, y anunció que “se reserva el derecho a ejercer las acciones legales que nacen de la temeraria demanda de los señores Basso y Miranda”.
Falta de pruebas
En su escrito presentado a la justicia, Leonidas Vial recordó que el 29° Juzgado Civil de Santiago anuló las multas contra él y LarrainVial que había impuesto la Superintendencia de Valores. Hoy este proceso está en la Corte de Apelaciones.
“Los actores (demandantes) intentan construir y justificar su caso únicamente a partir de la resolución sancionatoria (de la SVS), la que ha sido impugnada y dejada sin efecto respecto de este demandado, y, por ende, no es un fundamento válido en un juicio que persigue la declaración de una supuesta responsabilidad extracontractual e indemnizatoria de perjuicios”, afirmó el socio de LarrainVial a la justicia.
Apuntó a que “en ninguna parte” de la resolución de la SVS se advierte referencia a la celebración de alguna reunión, a una llamada telefónica, al envío o recepción de algún correo electrónico, al intercambio de correspondencia, a declaraciones testimoniales de terceros, alguna confesión u otro antecedente que permita advertir la existencia de una concertación con los otros demandados.
Por esto dijo que la demanda es infundada y que adolece de errores inexcusables. “No encontramos otra razón para vernos arrastrados artificialmente a este juicio que la intención de los demandantes de alcanzar un acuerdo económico en su beneficio, por medio de apremios judiciales”, apuntó el empresario.
Efectos en "la imagen pública"
El socio de LarrainVial, Leonidas Vial, apuntó a los efectos que tiene la demanda presentada en su contra, el porqué la rechazó y solicitó el pago de costas.
"La supuesta condenación en costas al demandante no deja indemne ni es capaz de resarcir totalmente el daño que esta acción me está provocando", dijo el empresario. "Lamentablemente los actores (demandantes) no se inmutaron ante los claros perjuicios morales que los demandados sufrirían con la interposición de esta acción, sobre todo, afectando su imagen pública de manera improcedente", añadió.
Vial sostiene que los demandantes han actuado en este juicio "al menos con imprudencia temeraria, con negligencia grosera, con error inexcusable, con la carencia de la más elemental previsión, demandando a quien no corresponde, a sabiendas y, por tanto, ejerciendo en forma abusiva un derecho que nos ha causado daño y que debe ser indemnizado".
Gianfranco Basso y Jorge Miranda acusan que la realización de "operaciones antijurídicas causaron la pérdida y/o disminución del patrimonio social de las sociedades cascada en que los demandantes tienen calidad de accionistas minoritarios", dice el texto firmado por el abogado Mario Schilling.
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