“Inaudito” es la palabra que usan en la banca para calificar el remezón que ha provocado en la industria la demanda interpuesta por los bancos Internacional, Bice y Security contra BancoEstado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), acusando cobro discriminatorio en la recepción de transferencias electrónicas de sus clientes.
Un día después de conocerse la acción legal, bancos de mediana participación en el mercado local estudian la posibilidad de sumarse a las acciones judiciales contra el banco estatal ante el TDLC. Mientras que los actores más grandes están expectantes ante cómo vaya a desencadenar el caso.
La caja de pandora
Y es que, mientras los demandantes, así como aquellos que se puedan sumar en el camino, lo que buscan es que BancoEstado reduzca o iguale los cobros diferenciados que éste realiza a los actores de la industria, un ejecutivo del sector privado explica que el costo de los cobros en las transferencias electrónicas está fundamentado por los volúmenes que se realizan entre las entidades.
“Entre mayor es el flujo, menor es el costo operacional y de ahí que a bancos pequeños se les cobre un precio mayor que otros actores”, explica el directivo.
Otra fuente de la industria explica que en 1996 existía un criterio que hacia una distinción en el cobro por las transferencias bancarias de acuerdo al tamaño del banco. No obstante, en 2015 y en pleno auge digital, la banca privada fijo tarifas para las transferencias electrónicas, instancia de la cual no participó BancoEstado.
Sin embargo, en lo que sí concuerdan todos es que la acción de los tres bancos puso un tema sobre la mesa que es la inexistencia de una normativa sobre las tarifas interbancarias en las transferencias electrónicas.
Al mismo tiempo que, fuentes del mercado señalan que el asunto se planteó hace más de un año a los ministerios de Hacienda, Economía, al Banco Central y a la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, esperando que se regulara, ya que se veía un problema aproximándose. Para ese minuto, ya se conversaba dentro de la banca la necesidad de establecer algún criterio.
Hoy todos coinciden en que el futuro es incierto, y que del desenlace habrá beneficiados y perjudicados. Símbolo de ello, es que hoy la banca privada no tiene una opinión uniforme respecto al tema.
Los argumentos de BancoEstado
Por su parte, BancoEstado, un día después de conocida la demanda reaccionó con fuerza, manifestando a través de un comunicado que “las tarifas diferentes entre bancos existe desde hace décadas y no ha sido ni solicitado ni impuesto por el BancoEstado. Por lo demás, es habitual al interior de la banca y de toda la economía diferenciar entre clientes pequeños y grandes tanto para pagar como para cobrar”.
Al mismo tiempo, el banco estatal esgrimió que gran parte de las transferencias que se realizan en el mercado se hacen mediante cuentas RUT pertenecientes a cerca de 9,6 millones de personas, lo que le significa una pérdida operacional a BancoEstado por US$ 35 millones, al mismo tiempo que los bancos privados se benefician utilizando la red por US$ 44 millones.
Cercanos a los demandantes expresaron que la respuesta del ente estatal “no responde a la principal acusación que es porqué se nos cobra más que a otros”.
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