Todas las semanas los equipos que trabajan en la reforma de pensiones se reúnen para avanzar en la definición del proyecto, uno que se ha constituido en prioridad para el presidente Sebastián Piñera, como reforzará él mismo en su próxima cuenta pública del 1 de junio.
El comité encargado de redactar la iniciativa -liderado por Augusto Iglesias y donde participan el superintendente de Pensiones Osvaldo Macías y los asesores Mónica Titze y Herman von Gersdorff, entre otros- tiene la mira puesta en ese hito, para cuando algunas definiciones de las propuestas que se han presentado hasta el momento deben estar ya zanjadas.
Uno de los focos que va a tratar la reforma es la regulación a la industria y al sistema previsional, donde la discusión ha estado enfocada en la competencia, aunque también se consideran otros aspectos.
En ese sentido, no es nuevo que la actual administración ha revisado el proyecto sobre la materia que ingresó en el Congreso la expresidenta Michelle Bachelet el año pasado y que ha encontrado allí buenas propuestas. Lo anterior ha resultado en que, según fuentes del gobierno, hay ánimo de que esa reforma sea impulsada nuevamente, pero con indicaciones.
Por ejemplo, uno de los puntos que no entraría en la nueva iniciativa sería la que obliga a los gerentes generales y de inversiones de las AFP a encajar parte de su sueldo en los fondos de pensiones para alinear los incentivos entre las administradoras y las rentabilidades que éstas.
Lo que sí ven con buenos ojos son los cambios a la licitación de cartera de nuevos afiliados que incluye el proyecto presentado. El objetivo es que la administradora que gane la licitación pueda también ser evaluada por su rendimiento en las inversiones. Si tuvo buen desempeño, la idea es que se le pueda extender el período licitado. Sin embargo, este punto, al igual que varios de la reforma, dicen conocedores del proceso, todavía se sigue discutiendo.
Todavía hay tiempo, ya que a pesar de que tienen en mente el 1 de junio para tener listas algunas definiciones, lo cierto es que se pretende ingresar la reforma en septiembre, cuando el segundo gobierno del Presidente Piñera cumpla seis meses.
Administración de cuentas
Una idea que también ronda en el Ejecutivo relativa a la industria es la de incentivar la separación de la administración de las cuentas de los afiliados de las AFP con la gestión de los fondos de pensiones.
De esta manera, la captación de las cotizaciones de los trabajadores y el pago de las pensiones podrían quedar en manos de una entidad distinta de las gestoras previsionales, si éstas deciden que así sea. Esto, porque la idea es que no sea una obligación para las instituciones que participen de la industria, pero sí que haya un mecanismo que lo permita, con el objetivo de ir bajando los costos del sistema.
Aunque todavía se está estudiando de forma preliminar y no hay nada resuelto, una de las formas que se está evaluando para ejecutar esta propuesta es a través de la licitación de afiliados, donde la AFP ganadora debería externalizar la administración de las cuentas.
No se descarta que sean las cajas de compensación, por ejemplo, las que puedan gestionar las cuentas individuales, y tampoco está cerrado que otras instituciones, diferentes a las actuales AFP, puedan entrar y dedicarse de forma exclusiva a la administración de fondos de pensiones y así cumplir con la propuesta de abrir la competencia en la industria.
La idea no es nueva. De hecho, en el gobierno anterior, según conocedores de ese proceso, fue parte de la evaluación que se hizo antes de ingresar la reforma en agosto de 2017, la que finalmente no prosperó.
También fue parte de una de las propuestas que entregó la Comisión Asesora Presidencial para las Pensiones, liderada por el economista de la Universidad Católica David Bravo.
En estudio cambios al bono de clase media
Una de las propuestas conocidas del gobierno en materia de pensiones es el bono de clase media, que se entregará a aquellos pensionados que tienen una jubilación de hasta UF 30 (unos $ 812.000).
Para optar a este beneficio, y con la idea de incentivar la formalidad, se deberá cotizar por al menos 20 años, en el caso de los hombres, y 16, en el de las mujeres.
Precisamente, es en este último apartado donde se siguen haciendo evaluaciones.
Una de las consideraciones que está haciendo el Ejecutivo es disminuir el monto que tendrá el bono, el cual todavía no está definido, pero también bajando la cantidad de años que tengan que cotizar tanto hombres como mujeres.
Lo anterior teniendo en cuenta que alguien perteneciente a la clase media, es decir, sin soluciones del pilar solidario, podría quedarse fuera del beneficio por no imponer en su AFP durante 20 años.
Según datos que maneja el propio Ministerio del Trabajo, el 41% de los pensionados en 2017 cotizó por menos de 15 años. Mientras, el 27% de los que se jubilaron en esos 12 meses cotizaron por menos de cinco años.
Tal cual está la propuesta del Ejecutivo en la actualidad, se beneficiarían 350.000 actuales pensionados en AFP y 50.000 nuevos pensionados cada año.
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