En poco más de US$ 284 millones mensuales se traduce el 5% con cargo al empleador que propuso la Presidenta Michelle Bachelet, como nueva contribución en la reforma previsional que analiza el gobierno, junto a los partidos de la Nueva Mayoría y Chile Vamos.
Son recursos importantes que pueden terminar total o parcialmente en las cuentas individuales de capitalización o en el nuevo pilar de ahorro colectivo. Es el núcleo de la nueva reforma al sistema de pensiones y, según concuerdan los actores políticos, es por lejos la arista más sensible de la discusión.
En ese debate, los asesores del Ministerio de Hacienda, liderados por la coordinadora de Políticas Sociales de la cartera, Paula Benavides, destacan que la OCDE -en su estudio Pensions Outlook 2016- “recomienda separar las fuentes de financiamiento para las pensiones públicas no contributivas y contributivas” y, que “los países no deberían utilizar contribuciones para financiar la red de seguridad, la asistencia social, las pensiones universales o las pensiones básicas basadas en los residentes (es decir, las pensiones no contributivas)”.
La seguridad social y pensiones básicas o universales, agrega el informe relevado por Hacienda, “deberían ser financiados en su totalidad a través del presupuesto, a través de los impuestos, mientras que las pensiones públicas contributivas deberían financiarse con las contribuciones actuales”.
Esto, según expuso Hacienda a los representantes de los partidos, “es importante como diseño para velar por la responsabilidad y sustentabilidad financiera de los sistemas (riesgo de financiamiento de déficit fiscal con cotizaciones), mantener la estructura y objetivos de los pilares del sistema, y resguardar los incentivos a la cotizaciones”.
Es por ello que los asesores de la cartera consideran que “el mejor camino es destinar todo o gran parte de la nueva contribución de 5% con cargo al empleador a las cuentas individuales de capitalización”.
Así lo aseguran representantes del oficialismo que participan en la mesa técnica, quienes subrayan, eso sí, que “aún no hay una decisión tomada” y que “la discusión del 5% recién comienza”.
Las mismas fuentes aseguran que la fórmula A de la comisión Bravo “no tiene ningún impacto en las actuales pensiones, a lo que suma que el aporte fiscal se destina casi íntegramente al Pilar Solidario, pero muy poco para las jubilaciones de la denominada clase media”. Esta apreciación discrepa con la de Hacienda, donde consideran que “tanto la propuesta A como la B plantean la necesidad de generar un aumento en las actuales pensiones, de aquellos que se pensionarán prontamente y de los futuros pensiones”.
En Hacienda aseguran que “al incluir elementos contributivos en el Pilar Solidario se tensionan los objetivos de incentivos al ahorro con el carácter progresivo de éste” y que “se deberían recoger elementos positivos de la propuesta A en el diseño que adopte la propuesta del 5%”.
La lectura de los asesores es que las cotizaciones, en el caso de ser destinada al pilar de ahorro colectivo, “se asemejarían de alguna forma al carácter de tributo, al estar destinadas a contribuir al financiamiento de beneficios que son de cargo fiscal (y no existir contraprestaciones de seguridad social específicas), y que la reformulación propuesta para el Pilar Solidario adicionalmente si bien busca incentivar la cotización (pendiente positiva), disminuye fuertemente su progresividad”.
En la cartera liderada por Rodrigo Valdés afirman que la Propuesta A de la comisión Bravo “fortalece el Pilar Solidario y busca introducir mayor legitimidad al sistema a través del financiamiento solidario y potencia el componente de alivio de pobreza en la vejez”, pero que la fórmula “presenta una dificultad en su diseño, al combinar financiamiento vía impuestos junto con financiamiento vía cotizaciones destinado al Pilar Solidario”.
Esto, porque “el efecto de la mayor cotización podrá recaer sobre el empleador (por un aumento del salario bruto) o el trabajador (por incremento del salario líquido), dependiendo de las elasticidades de oferta y demanda en el mercado laboral”, aseguran los asesores de Hacienda.
Valdés reconoce a parlamentarios que proyecto no estará listo antes del 21 de mayo próximo
Luego de que el viernes pasado Diario Financiero revelara las propuestas que maneja el gobierno para modificar el régimen de comisiones del sistema de pensiones y las licitaciones de afiliados, en el mundo político se levantó la duda respecto a la rapidez con que se está gestando el acuerdo entre los distintos partidos y el Ejecutivo para sacar adelante una reforma al sistema de AFP. Más aún, considerando que el jueves de la semana pasada en la reunión periódica en las dependencias del Ministerio de Hacienda se comenzara a analizar el tema más polémico: el destino del incremento de 5% adicional en la cotización.
Sin embargo, el lunes el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, puso paños fríos al debate.
En el marco del tradicional almuerzo con senadores y diputados de las comisiones de Hacienda pertenecientes a la Nueva Mayoría, el jefe de las finanzas públicas reconoció a los legisladores que el envío de un proyecto de ley -fruto de las negociaciones con los distintos sectores políticos- no estará listo antes del 21 de mayo próximo, por lo cual no alcanzaría a ser incorporado en la última cuenta pública de la presidenta Michelle Bachelet.
Según asistentes a la cita, el secretario de Estado señaló que la idea inicial era lograr consensuar un texto antes de la citada fecha, pero que preferían no comprometer plazos en vista de la apretada agenda legislativa del gobierno.
Según fuentes de Teatinos 120, si bien se han avanzado en varias de las temáticas anunciadas por la presidenta, lo cierto es que lo acordado en la mesa en la que participan los partidos políticos (coordinados por Hacienda) deberá ser refrendado por cada una de las bancadas parlamentarias y luego ser reflejado en un eventual proyecto de ley, lo que frenaría el ritmo de la discusión.
"Todo esto, asumiendo que hay un acuerdo en materia de pensiones, porque también hay que asumir que podría no llegarse a un consenso", comenta un conocedor de las gestiones.
Parte importante del debate hasta marzo girará en torno a la distribución del 5% adicional y qué entidad lo administrará.
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