En un acto que se realizará esta mañana, a partir de las 08:45, el presidente Sebastián Piñera firmará y dará a conocer el proyecto de ley de delitos informáticos, iniciativa que es parte de las adecuaciones que el Estado chileno realiza en el marco del Convenio de Budapest, promulgado por nuestro país el año pasado. El fin es modernizar tanto la legislación como el aspecto sancionatorio que ello implica.
En los primeros nueve artículos del Título I del proyecto al que Diario Financiero tuvo acceso están los contenidos más relevantes que tienen que ver con la reformulación de algunos tipos penales y su adecuación al Convenio de Budapest, como el de acceso ilícito a todo o parte de un sistema informático y ataque a la integridad del sistema y de los datos informáticos. Y se agregan otros, como interceptación ilícita, falsificación informática, fraude informático y abuso de dispositivos.
Adicionalmente, se establece una serie de circunstancias atenuantes o agravantes para la sanción de estos delitos. La atenuante es la “colaboración relevante que permita el esclarecimiento de los hechos”; mientras que se agrava el delito si se usan tecnologías de encriptación, se abusa de una posición privilegiada y si como resultado del delito se afecta la provisión o prestación de servicios de utilidad pública.
Más allá de lo que consigne el Código Procesal Penal en esta materia, el Título II del texto establece que las investigaciones de estos delitos informáticos podrán iniciarse por querella del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, de los intendentes y/o gobernadores, “cuando las conductas señaladas en esta ley interrumpieren el normal funcionamiento de un servicio de utilidad pública”.
En su artículo 16, el proyecto especifica que esta nueva normativa requerirá de modificaciones al Código Procesal Penal, las que van en la línea de entregar al Ministerio Público más herramientas para ejercer su labor en este ámbito.
Como el hecho de que en el marco de una investigación penal podrá requerir a las empresas concesionarias de telecomunicaciones que presten servicios de internet, la conservación o protección de datos informáticos o información hasta que se obtenga la autorización judicial para su entrega. Ello hasta por un período de 90 días, prorrogable una sola vez, y la empresa estará obligada a guardar secreto de ello.
Se deroga la Ley 19.223
Con 17 artículos y tres transitorios, el proyecto del Ejecutivo pretende hacer frente también –tal como se admite en los antecedentes de la iniciativa- a “los ataques cibernéticos en nuestro país, que han afectado a algunas entidades privadas que desarrollan actividades económicas sensibles para las personas, que han sido de público conocimiento y de alto interés para la ciudadanía” y que “han motivado acelerar nuestra agenda de trabajo en estas materias”.
La nueva legislación, que debería ingresar al Congreso esta misma semana, moderniza la ya existente, –Ley 19.223 que “tipifica figuras penales relativas a la informática”- que fue quedando obsoleta con el paso de los años y enfoca la mirada en las preocupantes cifras del informe de la PDI de este año, según el cual los delitos informáticos se habrían incrementado en 74% en 2017, respecto del año anterior.
Así, la iniciativa que el presidente Sebastián Piñera firmará hoy “deroga la Ley 19.223, con el objeto de establecer una ley especial que contenga de manera integral las nuevas formas delictivas surgidas a partir del desarrollo de la informática”. Y procura “llenar los vacíos o dificultades que ha tenido nuestro ordenamiento penal en la persecución de ciertas conductas que, incluso, no eran concebibles a la época de dictación de la Ley 19.223”.
Adicionalmente, en la misma jornada, el mandatario anunciará el “Instructivo Presidencial de Ciberseguridad para el Estado”.
Convenio de Budapest
Tal como lo consigna el propio mensaje presidencial, el Convenio de Budapest, suscrito el 23 de noviembre de 2001 pero que comenzó a regir el 1 de julio de 2004, es el primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet, al que adhieren más de 50 países.
Su principal objetivo "es el desarrollo de una política criminal común frente a la ciberdelincuencia, mediante la homologación de los conceptos fundamentales y del tratamiento de la legislación penal, sustantiva y procesal, así como del establecimiento de un sistema rápido y eficaz de cooperación internacional".
Según consigna el mensaje, nuestro país adhirió al mencionado convenio el 27 de abril de 2017 a través del decreto 83 del Ministerio de Relaciones Exteriores, que entró en vigencia a partir del 28 de agosto del mismo año.
Y la nueva legislación que el Ejecutivo propone al Congreso dejaría a Chile más al día en la materia.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
Ciberseguridad
